La cacería cinegética: negocio para
empresas, presión para comunidades

Un negocio rentable para los empresarios turísticos, no así para la comunidad.

María Angélica Picado Doctorante en Desarrollo Rural

Durante las pasadas décadas, el turismo ha experimentado una continua expansión y diversificación, convirtiéndose en unos de los sectores económicos de mayor envergadura y crecimiento en el mundo. En México, en el año 2017 se reportó un ingreso de divisas por turismo correspondiente a 21,333 millones de dólares y se cuantificó un total de 39.3 millones de turistas internacionales. El mercado turístico proveniente de Estados Unidos es el más importante para nuestro país: del total de turistas internacionales que ingresaron por vía aérea el 57.7%, 10.6 millones de personas, provienen de ese país. Dentro de las modalidades del turismo que más demanda tienen se encuentran: el turismo de sol y playa, turismo médico, turismo de hispanos que viven en Estados Unidos y el turismo de cacería deportiva o cinegético.

La cacería cinegética representa una de las actividades turísticas rentables que se llevan a cabo en México, con mayor auge en los programas de desarrollo turístico en los estados de Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Esta modalidad de turismo resulta extremadamente cuestionable, pues su único fin es la mercantilización de especies dentro de territorios comunales. Los “cazadores cinegéticos” defienden su gestión, alegando el apoyo a programas de conservación, como reintroducción y repoblaciones de la fauna silvestres de interés cinegético, amparados por la Federación Mexicana de Caza (Femeca, A.C.). Sin embargo, el perfil del turista cinegético se caracteriza por su alto poder adquisitivo y su nulo contacto previo con las comunidades, contrastando de manera directa con la condición de precariedad en la que se encuentran éstas y sus bienes comunales. Según la Secretaría de Turismo de México (Sectur), el turismo cinegético es la actividad que desarrolla un cazador deportivo nacional o extranjero que visita destinos, localidades o áreas donde se permite la caza de fauna silvestre de interés cinegético en su entorno natural, y que usa servicios logísticos y turísticos para hacer más fácil la práctica de este deporte, en un supuesto marco de conservación y sustentabilidad de la vida silvestre.

Las secretarías de Agricultura (Sader), Medio ambiente (Semarnat) y Turismo, junto con los programas de preservación del medio ambiente son los responsables de otorgar los permisos requeridos para la expedición de licencias de cacería, cintillos de cobro cinegético, permisos de portación y transportación de armas de fuego de una localidad a otra y pago de los servicios a las Unidades de Manejo para la conservación de la vida Silvestre. La Semarnat emite anualmente el calendario cinegético que establece los periodos para realizar la actividad cinegética, correspondiente a una duración de cinco meses de aprovechamiento, regularmente otorgados en la segunda semana de octubre y la segunda semana de marzo. El estado de Sonora ocupa el segundo lugar en turismo cinegético de todos los estados de la República. Según el director general forestal y fauna de interés cinegético de Sonora, Marco Valenzuela, para el año 2016 se percibió una derrama económica de 20 millones de dólares en todo el conglomerado de servicios turísticos (alojamientos, guías turísticos, transporte turístico y actividades cinegéticas). Dentro de las especies demandadas por la cacería cinegética se encuentran: el borrego cimarrón, venado bura, venado cola blanca, jabalí de collar, puma, gato montés, guajolote silvestre, palomas, faisán, y aves acuáticas, entre otras especies. Paradójicamente, esta arquitectura jurídica-institucional que en teoría debería regular estas prácticas cinegéticas, en la práctica ha servido de escudo institucional para fomentar las actividades extractivas, o en este caso, cinegéticas. El hecho de que estas regulaciones funcionen desde instancias federales, en un carácter fuertemente centralista, excluye de las decisiones sobre los bienes comunales a los verdaderos dueños del territorio, dejándolos a merced del capital nacional y transnacional.

Turismo y comunidad: ¿intereses irreconciliables?

El turismo cinegético ha penetrado como una opción para el desarrollo de las comunidades rurales, como es el caso de la Nación Comcaac en las comunidades de Desemboque y Punta Chueca; y es impulsado principalmente por los programas de desarrollo turístico del gobierno federal, que han funcionado para la reproducción del borrego cimarrón. Sin embargo, la imposición de las territorialidades del gran capital ha provocado una ruptura dentro del tejido social y cultural de la comunidad, que se ha visto obligada a depender de estas actividades al mismo tiempo que luchan por conservar sus prácticas culturales de coexistencia con su entorno natural.

Por ejemplo, un borrego de rancho cinegético en tierra firme en Sonora vale $60,000 dólares, representa un negocio rentable para los empresarios turísticos, no así para la comunidad, que fin de cuentas se debate entre seguir apostando a este tipo de turismo, ante una situación socioeconómica cada vez más apremiante. En una comunidad donde no existe un centro de salud, escuelas o servicios básicos garantizados, principalmente el agua, un bien preciado en un territorio absolutamente desértico. Por otro lado, el cerco se ha ido estrechando para la comunidad Comcaac, en el sentido del despojo de sus bienes comunales de manera progresiva, desde el agua, los recursos mineros, la tierra comunal. Todo esto dentro una lógica de desarrollo a nivel federal que no los toma en cuenta en la generación de políticas públicas, ni están dentro de sus prioridades institucionales.

El turismo cinegético ha penetrado como una opción para el desarrollo de las comunidades rurales, pero lo que ha hecho es romper el tejido social.

Para la nación Comcaac de Sonora, el turismo cinegético ha simbolizado una actividad complementaria casi obligatoria en sus actividades económicas, pero esto no garantiza que los beneficios comunitarios sean percibidos de manera equitativa para toda la comunidad. Según Diana Luque, investigadora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) de Sonora, en la distribución del usufructo del manejo cinegético del territorio, los Comcaac no han podido generar las instituciones ni los mecanismos que garanticen, no sólo la transparencia y la equidad en su distribución, sino su canalización en inversiones prioritarias del bienestar comunitario. Quizá, esta percepción se profundice aún más cuando se piensa en la lucha que están llevando a cabo por su supervivencia como pueblo, desde el despoblamiento que han sufrido a causa de la extrema pobreza, hasta la falta de acceso a sus propios recursos naturales.  Lo que se está enfrentado son dos modelos que poseen visiones antagónicas en el sentido de la mercantilización del territorio y las prácticas sociocomunitarias que no pueden responder adecuadamente a estas actividades, que se enmarcan en la lógica de acumulación por desposesión. La Nación Comcaac se enfrenta a importantes desafíos en materia económica, social y cultural.

La llegada del nuevo gobierno en México abre la posibilidad a un escenario de diálogo e inclusión que implique una nueva visión estatal sobre la forma de relacionarse con estas comunidades. Se encuentran ante la posibilidad de revertir el proceso de despojo de sus bienes, de formar parte de nuevas políticas públicas para los pueblos indígenas, sin embargo, aún todo es incierto.

Con la práctica cinegética surgen cambios en las estrategias de vida y formas de trabajo en la vida comunitaria. La gran disyuntiva es mantenerse en la visión de conservación de los bienes comunes y la defensa de la vida frente a la práctica extractivista de la cacería cinegética, las concesiones mineras ilegales y el acecho del crimen organizado. Es una contradicción a la que deben enfrentarse estas comunidades, que frente al abandono estatal encuentran por sus propios medios alternativas de subsistencia, que paradójicamente son también invasivas con el ecosistema que les rodea.

Por último, el fomento gubernamental de las actividades turísticas cinegéticas y extractivistas dentro del territorio Comcaac tienen también como fin mantener la precariedad, atizar contradicciones internas para profundizar la condición de vulnerabilidad, que a fin de cuentas lo que genera es la posibilidad permanente de dominación, de despojo del territorio, de penetración de otras religiones y formas de vida.   Es por eso, que la conformación de los Comcaac como nación fue un paso fundamental para la unificación de sus territorios, intereses comunales y un horizonte de posibilidad para contrarrestar la exclusión. La pregunta que surge entonces es: ¿Es posible que la nación Comcaac pueda sobrevivir a los permanentes desafíos de despojo que los acechan o el Estado mexicano asumirá la deuda histórica que tiene con los pueblos indígenas?

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