|
|||
AMER: defender al campo y los Milton Gabriel Hernández García Doctor en Desarrollo Rural y profesor-investigador de tiempo completo del INAH
La Asociación Mexicana de Estudios Rurales A.C. (AMER) es uno de los referentes académicos más importantes en relación al conocimiento científico sobre las condiciones de vida y las problemáticas que enfrenta la población rural del país. Surgió en 1994 y desde 2003 está inscrita en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Cuenta con más de 260 integrantes que son investigadores y colaboradores de instituciones académicas, organismos civiles y gubernamentales. La AMER está constituida como una asociación civil nacional sin fines de lucro. Tiene por objeto fomentar, difundir y profundizar la investigación y el conocimiento sobre el campo mexicano que se realice dentro y fuera del país, para contribuir con ello al desarrollo rural nacional. Fomenta y difunde la investigación interinstitucional y multidisciplinaria de largo alcance sobre el campo mexicano, estimula la formulación de aportes teóricos y metodológicos novedosos sobre la realidad rural mexicana, propicia la vinculación y el intercambio de la investigación académica con las organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales nacionales, extranjeras e internacionales. Además, incentiva y promueve los aportes de la investigación científica respecto de la generación de alternativas y soluciones para la vida nacional, la sociedad mexicana y el desarrollo rural. Desde 1998 instituyó el premio a la mejor investigación sobre el campo mexicano, en tres categorías: tesis de licenciatura, maestría y doctorado. En 2009 creó el Premio a la mejor experiencia en desarrollo rural sustentable, que este año fue entregado al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural A.C. (Cesder), ubicado en la Sierra Norte de Puebla (http://amerac.org). Del 4 al 7 del pasado mes de junio, la AMER llevó a cabo su 12º Congreso Nacional, cuya sede fue la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Este importante congreso contó con la participación de más de 400 ponentes organizados en torno a cuatro ejes temáticos: 1) Despojo y conflictos socioterritoriales; 2) Persistencia y cambio en las dinámicas sociales, 3) Resistencias y organización social rural y 4) Acción política y Estado. Además, en el marco del Congreso se organizaron cuatro foros integrados por representantes del sector académico, de organizaciones sociales y también gubernamentales. En el pronunciamiento generado como resultado de los trabajos del Congreso, se señaló que su realización tuvo por objetivo analizar y reflexionar en torno a “las problemáticas, resistencias y alternativas que se viven en el campo mexicano, a partir de los hallazgos de investigación y propuestas de solución. Las principales problemáticas discutidas y analizadas fueron las formas de despojo y sus consecuencias, que constituyen las principales problemáticas con impactos y afectaciones culturales, sociales y socioambientales a lo largo del territorio nacional. Estos despojos están provocando la destrucción del tejido comunitario, el abandono masivo de los territorios por desplazamientos forzados, migraciones obligadas, cambios en las actividades productivas, e impulso de la biotecnología que potencia el uso de transgénicos con efectos nocivos en el ambiente y la salud. En este contexto se sitúa la expansión e imposición de los megaproyectos que vulneran los procesos de vida de la población rural y abonan al cambio climático. Ante esta realidad generadora de violencia en todas sus formas donde se involucra el crimen organizado, las sociedades rurales resisten mediante un despliegue de estrategias. Los indígenas, campesinos y pequeños productores se organizan a través de acciones colectivas e individuales para sobrevivir en un contexto de precariedad social reconfigurando las formas de reproducción social. Estas experiencias revaloran la identidad, la territorialidad y las autonomías con estrategias formuladas y defendidas por mujeres, hombres y jóvenes que se niegan a ser despojados de su tierra, su cultura y su forma de vivir en el medio rural. Así pues, la organización indígena, campesina y sobre todo comunitaria son formas que posibilitan la búsqueda de caminos alternativos como vías de resistencia” (http://amerac.org). Como parte del pronunciamiento, la Asamblea General de Asociados, así como los y las participantes en el Congreso plantearon una serie de demandas y propuestas que en mucho aportarían si se tradujeran en políticas públicas para la resolución de los grandes problemas que enfrenta actualmente la población rural mexicana: 1) que las comunidades indígenas y campesinas decidan sobre la implementación de proyectos que afectan su territorio; 2) frenar el otorgamiento de concesiones mineras, petroleras, eólicas, turísticas y de plantaciones forestales, principales formas de despojo; 3) reintegrar los territorios previamente despojados; 4) evitar el control del campo por parte de las empresas agrícolas transnacionales; 5) respetar los derechos laborales de los trabajadores; 6) respetar las autoconsultas y el Convenio 169 de la OIT que establece que las consultas sean previas, libres e informadas; 7) garantizar y promover la investigación que revalore y potencialice dialógicamente los saberes originarios y tradicionales con la agroecología; 8) diseñar y aplicar políticas públicas que fortalezcan la producción campesina e indígena, garantizando la sustentabilidad y la seguridad alimentaria que asegure una vida digna y sana para el bien común; 9) realizar, con base en los conocimientos y participación local de las comunidades indígenas y campesinas, programas interculturales comunitarios y regionales que contribuyan a mejorar la educación y salud de la población rural y 10) considerar el conocimiento y experiencia de las investigaciones realizadas por quienes participan en la AMER, para la elaboración de políticas públicas hacia el campo y en la toma de decisiones sobre el campo mexicano. La AMER también se pronunció en contra de los cultivos transgénicos y por una estrategia de política pública que apueste por una vida sana y digna para las comunidades rurales, pero también por el respeto a los derechos de las comunidades y poblaciones indígenas. A un año de haber ganado la elección y a seis meses de que iniciara el actual gobierno, las diferentes fuerzas políticas y sociales que confluyen en torno a la 4T han iniciado ya el largo camino que habrá de transitar nuestro país para recuperar la productividad en el campo, contener la violencia criminal y avanzar en el reconocimiento y sobre todo en el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos.•
|