El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) –por medio del Cespedes– impulsa un proyecto de Ley General de Aguas que posibilita la privatización de los servicios municipales del y plantea la creación de una secretaría de este rubro. En la elaboración del documento participa la investigadora de El Colegio de México, Judith Domínguez, quien también interviene en el proyecto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La experta fue gerente de políticas públicas y marco legal de 2012 a 2014. Es una de muchas voces que la Conagua consulta para la elaboración de una propuesta de ley, incluida una amplia diversidad de centros de investigación, apuntó la directora de la Conagua, Blanca Jiménez.

El Cespedes es el organismo ambiental del CCE y en su consejo directivo está Femsa, Grupo México, Heineken, Nissan, Coca Cola, Veolia, entre otras empresas que utilizan agua como su principal insumo. El director de este centro, José Ramón Ardavin, señaló que Domínguez trabaja en una propuesta con el sector privado y desde agosto participa en esta iniciativa en la Conagua.

Al respecto Blanca Jiménez aseguró que la propuesta de ley será redactada por Conagua, cuyo personal técnico y jurídico tiene la capacidad suficiente para integrar dicho documento, el cual será consultado con la población con un mecanismo diseñado por expertos de la UNAM en sondeos de opinión.

La coordinadora realizó un análisis del borrador del proyecto de ley del CCE en el que destaca que se conserva el actual sistema de concesiones, facilita la privatización de sistemas municipales y garantiza que obras concesionadas serán recompensadas mediante tarifas aplicadas a los beneficiarios. Determina que el derecho humano al agua implica únicamente un proceso gradual que aseguraría 50 litros por persona al día, a cambio de un pago.

También plantea que organismos proveedores de servicios de agua potable compitan para las asignaciones de aguas nacionales requeridas; se establecería una ley de Agua Potable y Saneamiento para establecer un Instituto Nacional Regulador, así como una ley de riego que requeriría la creación de un instituto. El análisis refiere que la propuesta del sector privado no hace mención alguna de los pueblos indígenas y sus derechos.