e ser cierta la narrativa de corrupción extrema durante el sexenio recién pasado que cotidianamente menciona y detalla el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, resultaría sumamente ofensivo para esa nación devastada el grácil y amoroso deambular internacional de quien encabezó de 2012 a 2018 una pandilla que saqueó al país y le colocó en una postración grave.

Las fiestas y paseos del mexiquense Enrique Peña Nieto constituyen una constante bofetada al ánimo esperanzado de quienes confían en la reconstrucción justiciera del país. En los primeros meses de la administración obradorista se han multiplicado las carencias y restricciones que, según se dice, tienen como fundamento el combate a una corrupción terrible y la falta de recursos suficientes para enfrentar las necesidades sociales. Con una solidaridad extraordinaria, segmentos sociales proclives a la llamada Cuarta Transformación sobrellevan estas precariedades que, en cambio, otras franjas ciudadanas denuncian y repudian con belicosidad creciente.

A contrapelo de las fuertes complicaciones que vive la nación, Enrique Peña Nieto mantiene el mismo talante despreocupado y frívolo que le caracterizó como gobernador del estado de México y luego como ocupante de Los Pinos. La más reciente de estas andanzas le ha mostrado fotográficamente con una cachucha y un arreglo capilar que se asegura que corresponde a una peluca: del copete tradicional al uso de postizos gustosos o distractores (al siguiente día aceptó tomarse una fotografía callejera en la misma Nueva York). El resto de sus compañeros de gobierno se mantienen fuera de las cámaras pero igualmente tranquilos e intocados, con excepción de Rosario Robles (encarcelada de manera provisional) y Emilio Lozoya (procesado pero prófugo). Tranquilos, disfrutando de sus patrimonios prósperos, beneficiados con una amnistía política informal y discrecional que determinó el actual Presidente de la República.

Ya que en líneas anteriores se habló de Rosario Robles ha de consignarse que este jueves su hija, Mariana Moguel Robles, dio a conocer un texto atribuido a quien dos veces fue secretaria en el gabinete de Peña Nieto. Además de los explicables alegatos exculpatorios que puede hacer todo detenido que se considera agraviado, la mencionada Robles plantea, en forma de pregunta, que es tratada con saña por el actual gobierno federal: han recurrido a múltiples artimañas para mantenerme de rehén violando mi presunción de inocencia y el debido proceso, señaló. Contrastó su propio caso, sancionada por la Secretaría de la Función Pública por un préstamo sí declarado y una cuenta que ni siquiera tenía en el radar, con la inacción en el caso de un funcionario del gabinete actual (que) no declarara propiedades por millones de pesos. Ahí sí hay justificación. Para los amigos gracia. Es evidente.

La Cámara de Diputados aprobó ayer, en lo general y con más de medio centenar de reservas para posterior discusión en particular, el dictamen de la Ley General de Educación. Fueron 288 votos a favor y 129 en contra, aunque esta proporción numérica no corresponde al grado de confrontación al que llevó la discusión legislativa, incluso con una toma de tribuna y un constante señalamiento de que las nuevas normas implican una cesión de poder a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a la que consideran convertida en aliado electoral del morenismo-obradorismo. Ya se verá, en la lectura detallada del texto aprobado, si tal acusación es fundada o, por el contrario, es una treta propagandística que trata de debilitar el poder de participación de los sindicatos en los temas que son de su incumbencia.

Y, mientras en la Ciudad de México han vuelto a salir a las calles mujeres que protestan por la violencia de género y la indolencia de las autoridades, esta vez bajo la denominación de #TerremotoFeminista, ¡hasta el próximo lunes!

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