El gobierno de Morelos comenzó a pagar 80 millones de pesos que debía por concepto de pensiones a personal del Poder Judicial de ese estado y que tiene que cubrir luego de perder 116 controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Se trata de litigios iniciados desde el gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu, quien emitió un decreto que impedía asignar al Poder Judicial estatal recursos para cubrir sus pensiones, argumentando que ese dinero debería salir de su propio presupuesto de operación.

Como el Poder Judicial no tenía dinero suficiente para afrontar estos gastos, promovió controversias constitucionales, una por cada uno de los afectados, llegando a presentar un total de 116 ante la SCJN.

En meses recientes la segunda sala de la Corte comenzó a resolver el fondo de estos asuntos, y en todos coincidió en declarar inconstitucional el decreto 787, publicado en agosto de 2016 en el periódico oficial de Morelos, que era la base del conflicto.

Sin embargo, terminó el gobierno de Graco Ramírez y el pago de pensiones seguía pendiente, por lo que heredó el conflicto a su sucesor, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Apenas en febrero, el Congreso estatal aprobó el decreto 76, con el que destinó una partida de 80 millones de pesos al Poder Judicial local para el pago de decretos pensionarios controvertidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Naciónç

Aun así, el pago seguía demorado y en mayo la SCJN emplazó al gobernador Cuauhtémoc Blanco, y al Congreso de Morelos para saldar estas deudas.