Puebla, Pue., El Frente en Defensa del Derecho Humano al Agua y en contra de la Privatización dio a conocer que en el Congreso local no existen actas ni versión estenográfica de la aprobación del título de concesión que privatizó el servicio del agua, drenaje y saneamiento en la capital de Puebla y 25 municipios de la entidad.

En entrevista, el abogado Jesús Arrona Aguilar, integrante de la agrupación, exhibió documentos oficiales de la secretaría general, la unidad de transparencia y la dirección de servicios legislativos del Congreso del estado que confirman que no hay registro del contrato que se entregó a la empresa Concesiones Integrales SA de CV.

No existe información en actas ni versión estenográfica de las sesiones del pleno y de la comisión permanente sobre la aprobación del contrato, afirmó.

Explicó que el contrato existe, pero nunca pasó por el filtro del Legislativo. Para demostrar su dicho, mostró documentos firmados por María del Rosario Evangelista Rosas, secretaria general del Congreso, y Joaquín Maldonado Ibargüen, director general de servicios legislativos, obtenida con una solicitud de información del Colectivo Hermanos Serdán.

En tanto, los activistas Gerardo Pérez y Jorge Méndez advirtieron que no cejarán hasta anular el contrato a Concesiones Integrales. Exigieron al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta que se destituya al titular del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla, Gustavo Gaytán Alcaraz, nombrado por el entonces gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas, ya que es el único facultado para rescindir el contrato a la concesionaria.

También demandaron una ley ciudadana y comunitaria del agua para Puebla; que se cumpla la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el saneamiento del río Atoyac, y que se declare al estado en emergencia climática.

Según la presidenta de la comisión del medio ambiente del Congreso, Norma Merino Escamilla, la legislatura pasada, controlada por Rafael Moreno Valle, es responsable del extravío del título de concesión que privatiza los servicios.

En mayo de 2014 se aprobó entregar el abasto de agua potable a Concesiones Integrales SA de CV, lo que trajo el aumento de tarifas hasta en 600 por ciento, escasez del líquido y abusos en contra de los usuarios.