on los días de julio de 2014. Están llegando los estudiantes de nuevo ingreso a la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. El inicio del ciclo escolar inyecta nuevos bríos a estas escuelas asfixiadas presupuestalmente y perseguidas por los gobiernos. Hay optimismo y algarabía de los recién ingresados que andan en los módulos de producción sembrando la tradicional flor de crisantemo. En Día de Muertos hay que venderla para generar un ingreso para la escuela.

En Ayotzinapa hay tensión. Desde hace dos años existe una confrontación con el gobierno del estado que encabeza Ángel Aguirre Rivero tras la ejecución extrajudicial que sufrieron dos estudiantes en la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011. En ese entonces la normal y algunas organizaciones sociales iniciaron una desigual lucha exigiendo juicio político contra el gobernador. La demanda no prosperó, los diputados federales la mandaron al archivo.

Aguirre salió airoso y la emprendió contra la normal rural. Dos veces han sido brutalmente reprimidos: una en Atoyac y otra cerca de Iguala, en Casa Verde, con saldo de varios heridos. En esta última los policías federales dispararon al aire hasta disuadir la protesta estudiantil. Decenas de jóvenes detenidos fueron a parar a la fiscalía. Otros corrieron por los cerros hasta la normal.

Pese a todo, el nuevo ciclo trae optimismo a las normales rurales. Es muestra que continúan en pie a contracorriente de la represión gubernamental. Además, existe la posibilidad de que de estos estudiantes recién llegados salgan dirigentes de la estatura de Lucio Cabañas y Othón Salazar.

Es septiembre y se hacen los preparativos para la marcha del 2 de octubre, donde se recuerda la matanza de Tlatelolco y se exige justicia. Hay que conseguir autobuses y recursos para trasladar a los contingentes a la Ciudad de México. La tarde del 26 de septiembre los estudiantes salen en dos autobuses Estrella de Oro a realizar una colecta. Enfilan hacia Iguala. En Chilpancingo no se podía porque un día antes la policía los rechazó violentamente y ahora están bajo la mira y esperan su llegada.

En la entrada de Iguala empiezan el boteo. Un incidente los obliga a ingresar hasta la terminal Estrella Blanca. Lo ocurrido más tarde es ampliamente conocido. Los estudiantes enfrentarían la peor de las represiones. En la agresión participaron todas las corporaciones policiacas, aun militares adscritos al 27 Batallón de Infantería de Iguala.

La agresión fue masiva e indiscriminada, con saldos de muertos, heridos y 43 estudiantes desaparecidos.

Las pesquisas oficiales fueron irregulares. Recurrieron a prácticas ilegales para obtener pruebas. Torturaron y violaron los derechos humanos de los detenidos para construir una teoría del caso que le denominaron verdad histórica.

Por ello el 31 de mayo de 2018 el primer tribunal colegiado del 21 circuito de Reynosa, Tamaulipas, resolvió un amparo en revisión que interpusieron varios detenidos por el caso Ayotzinapa, declarando la ilicitud de las pruebas obtenidas por la PGR; en consecuencia, ordenó la reposición del procedimiento y excluir del proceso las pruebas ilícitas.

El tribunal también ordenó la creación de una comisión de investigación que estaría formada por los representantes de las víctimas, el Ministerio Público y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El fallo fue acatado por la PGR, pero sólo en lo relativo a la creación de la comisión investigadora; nada dijeron de las pruebas obtenidas con abusos.

No se preocuparon por recomponer las investigaciones irregulares o ejercitar acciones penales por otros delitos contra detenidos que poseían información relevante del paradero de los estudiantes y que por el fallo de amparo indefectiblemente obtendrían su libertad.

Se obstinaron en impedir la creación de la comisión de investigación; aun la conferencia de procuradores se pronunció contra la resolución de amparo, pero nadie aludió a las irregularidades cometidas. El uso de la tortura no mereció preocupación. Se trataba de sostener a toda costa la verdad histórica y no estaban dispuestos a que se crease un mecanismo extraordinario de investigación que redireccionara lo que se hizo mal. Las consecuencias: detenidos que tuvieron participación clara en la agresión a los estudiantes están obteniendo su libertad.

La Fiscalía General de la República durante 10 meses no hizo nada para recomponer las investigaciones. Pero lo más grave es lo que refiere en su comunicado del 14 de septiembre pasado. Parece sostener la verdad histórica y defiende las investigaciones ilegales en que incurrieron sus miembros. Culpa a los representantes de los padres de los desaparecidos por haber defendido aquel fallo, lejos de deslindarse de los actos de tortura e investigaciones irregulares.

El anterior es un mal mensaje. Significa que no hay cambios en la FGR. La posición es la misma que la administración anterior. Los que montaron la mentira histórica siguen ahí incidiendo en el rumbo de la institución y seguramente en la investigación del caso Ayotzinapa. ¿Con esta fiscalía vamos a encontrar verdad y justicia para los 43? Lo dudo. El Presidente deberá hacer lo conducente para remover los obstáculos que impiden llegar a la verdad. Cuando los padres de los 43 se reunieron por primera vez con este gobierno le advirtieron que habría obstáculos en el camino. Ahí está, Presidente.

* Abogado de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa