Londres. Once jueces de la Corte Suprema británica comenzaron a analizar ayer si fue legal la decisión del primer ministro Boris Johnson de suspender las labores parlamentarias hasta dos semanas antes del Brexit, después de que dos tribunales inferiores dictaron opiniones contradictorias. Se prevén tres días de vistas.

Si al término de este nuevo episodio en la caótica saga del Brexit, la justicia declara que la suspensión es ilegal, el Parlamento deberá, de acuerdo con expertos, volver a ser convocado de inmediato.

El máximo tribunal ha considerado tres días de sesión, pero no se sabe si el fallo se conocerá el jueves o más adelante.

La decisión no tendrá, sin embargo, ningún efecto en el calendario del Brexit, advirtió Brenda Hale, presidenta de la Corte Suprema.

A las puertas del tribunal, medio centenar de manifestantes protestaban con pancartas en las que se leía: Nuestra democracia muere cuando se silencia a los diputados o Paren el golpe de Estado.

La vista de ayer estuvo dedicada a la argumentación de los demandantes: en un caso la empresaria y activista contra el Brexit Gina Miller y en otro 78 diputados proeuropeos de diferentes partidos.

Los abogados del gobierno responderán hoy y el ex primer ministro conservador John Major, quien respalda a Miller, debe intervenir el jueves.

El Parlamento suspendió labores el pasado martes y no deben reanudarlas hasta el 14 de octubre. El premier Johnson justificó su solicitud de suspensión a la reina Isabel II por la necesidad de presentar su programa de política nacional, práctica habitual cuando hay cambio de gobierno.

Sin embargo, los opositores a un Brexit sin acuerdo consideran que se trató de una estrategia para maniatarlos y denunciaron el ultraje constitucional.

Hace unos días, un tribunal escocés les dio la razón. Por unanimidad, sus tres jueces consideraron que la medida tuvo como objetivo obstaculizar a los diputados y declararon ilegal el cierre.

Johnson tuvo que asegurar a los periodistas que no mintió a la reina sobre los motivos para mandar a los legisladores a casa durante cinco semanas, mucho más tiempo de lo habitual.

Sin embargo, en el caso presentado por Miller, una corte de Londres dictó lo contrario al considerar que la decisión de suspender el Parlamento es de naturaleza intrínsecamente política y no existen normas legales con que juzgar su legitimidad.