La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, se reunió con funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) con quienes acordó estrechar cooperación y a quienes expresó la disposición del gobierno mexicano de recibir visitas si así lo solicitaran.

La funcionaria federal desarrolló un programa de trabajo, entre el 11 y 13 de septiembre, a los Países Bajos, que incluyó una visita a la CPI, con sede en La Haya, Holanda, una reunión con el director del Fondo Común para los Productos Básicos, Parvindar Singh; un encuentro con el director general de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, Fernando Arias, una visita al secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje, Hugo Siblesz; así como a las oficinas de la Comisión Global sobre Adaptación, donde se reunió con su director, Patrick Verkooijen.

Además de develar la obra del escultor nacional Jorge Marín, intitulada Alas de México-CPI, el 12 del mes en curso se reunió con la fiscal de este tribunal internacional, Fatou Bensouda, y con el juez presidente, Chile Eboe-Osuji. Abordaron la situación de violencia que se vive en México y Delgado manifestó la disposición del gobierno a colaborar.

“Se puede establecer un paralelismo entre las Alas de México y la búsqueda de la justicia, que es el leitmotiv de la Corte Penal Internacional”, señaló la subsecretaria.

Es la primera visita de un funcionario de la administración a este tribunal, donde han llegado acusaciones de organizaciones defensoras derechos humanos por presuntos delitos de lesa humanidad en México.

Tal es el caso de la denuncia hecha por el ex defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert contra los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón y del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, por posibles crímenes de Estado durante 2006 y 2007. El 2 de mayo Peimbert acudió junto con víctimas de posibles crímenes de lesa humanidad. En el contexto de las protestas del magisterio y el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca hubo casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura, entre otros.

En ese momento la defensoría indicó que estos acontecimientos demostraban patrones de sistematicidad por parte del Estado mexicano para generar terror entre la población indígena.

En 2014, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos presentaron ante la fiscalía de la CPI un informe sobre torturas, privaciones a la libertad y desaparición forzada en Baja California entre 2006 y 2012, acusando a las fuerzas armadas.