El octavo tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México sobreseyó el amparo que un juez federal otorgó al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, para dejar sin efecto la orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 12.7 millones de pesos y 450 mil dólares en la compra de inmuebles en México y Estados Unidos.

Con el fallo queda vigente en México la orden de captura que se giró contra el ex mandatario por lavado de dinero y delitos contra la salud. Los dos requerimientos judiciales fueron incluidos por la Fiscalía General de la República (FGR) en la solicitud de extradición que Italia negó en 2018, con lo cual Yarrington fue entregado.

Los magistrados también revocaron el amparo que concedió Miguel Alberto Treviño Guevara, presunto prestanombres del ex gobernador, por lo que la orden de arresto sigue vigente.

En el caso del ex subsecretario de Egresos, Alfredo Sandoval Musi, los colegiados confirmaron la demanda de garantías para efectos de que se determine de nuevo si la aprehensión debe o no ser girada, al especificar si hay evidencias puntuales de que el acusado esté involucrado y si el delito de lavado está vigente.

En abril de 2017, Yarrington fue detenido en Florencia, Italia, y entregado a Estados Unidos. En México tiene pendientes averiguaciones por delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos ilícitos.

En octubre del año pasado el juez décimo tercero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, Jesús Alberto Chávez Hernández, otorgó la medida cautelar que ordenaba al juez séptimo de distrito de procesos penales federales en el estado de México, dejar sin efecto la orden y pronunciarse de nuevo.

El recurso no implicaba que Yarrington quedara en libertad, debido a que es juzgado por las autoridades estadunidenses que lo acusan de conspirar para violar las disposiciones del estatuto de chantaje civil, influencia y organización corrupta, así como para lavar dinero, cometer fraude y hacer declaraciones falsas a los bancos de ese país con garantía federal.