Aunque diversos municipios del país no tengan elementos materiales básicos como electricidad, computadoras o acceso a Internet, de cualquier manera sus servidores públicos deben cumplir con el llenado del nuevo formato de declaración patrimonial y de intereses, pues de lo contrario serán sancionados.

Bernardo Rojas Nájera, director general de vinculación interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (Sesna), recordó que la fecha límite para completar los formatos es el 31 de diciembre de este año.

Consecuencias jurídicas

Tienen que ver cómo dar cumplimiento a esto, porque evidentemente sí hay sanciones en las que se incurre, sí hay consecuencias jurídicas por un eventual acto de incumplimiento, explicó el funcionario en el contexto de un taller para medios informativos.

Para compensar las posibles carencias tecnológicas o de infraestructura de los municipios más pobres, el funcionario consideró que las autoridades locales podrían buscar convenios con los gobiernos estatales o con organismos que ya tengan un esquema más desarrollado para que aprovechen las herramientas que éstos posean.

Rojas agregó que aunque los nuevos formatos de declaración patrimonial se publicarán la semana entrante en el Diario Oficial de la Federación, la primera prueba de gran magnitud para el sistema encargado de recolectar toda la información se dará en mayo de 2020, cuando todos los servidores públicos del país tengan que presentar su declaración de modificación.

Recordó que a partir del 1º de enero del siguiente año esos datos ya deben encontrarse en una serie de repositorios, los cuales van a confluir eventualmente en la Plataforma Digital Nacional.

Rigoberto Martínez, director general de asuntos jurídicos del Sesna, indicó que sólo los funcionarios que ostenten cargos a partir de jefe de departamento tendrán que llenar la totalidad de los campos de la declaración patrimonial y de intereses. Quienes tengan un nivel menor a jefe de departamento únicamente deberán responder una versión reducida.

De igual forma, recordó que aunque los servidores públicos de rango más alto deben incluir los datos patrimoniales de su cónyuge y dependientes económicos, esa información no será visible para el público en general, sino únicamente para organismos autorizados para investigar, pues se buscó que hubiera equilibrio entre el derecho de la ciudadanía a saber los datos patrimoniales de los funcionarios y el de éstos a la privacidad.