Washington. La Suprema Corte de Estados Unidos autorizó este miércoles la aplicación a escala nacional de una nueva norma del régimen del presidente Donald Trump que impide que la mayoría de los migrantes centroamericanos soliciten asilo en el país tras cruzar su frontera sur desde una tercera nación.

La orden de los magistrados anula temporalmente un fallo de una corte de menor instancia que había bloqueado la nueva política de asilo en algunos estados fronterizos con México. La política está dirigida a negar el asilo a cualquier persona que pase por otro país durante su viaje hacia Estados Unidos sin solicitar protección allí.

El fallo es un triunfo para el magnate, luego de que gran parte de su agenda de migración fue bloqueada en tribunales menores. ¡Gran victoria en la Suprema Corte de Estados Unidos por el asilo en la frontera!, tuiteó.

Gran parte de las personas que cruzan la frontera sur son centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza de sus países. De acuerdo con la nueva regla, la mayoría de ellos no podrán solicitar asilo en Estados Unidos, al igual que los solicitantes procedentes de África, Asia y Sudamérica, quienes llegan desde México.

El cambio no tiene precedente por revertir décadas de política migratoria. El gobierno dice que quiere reducir la brecha entre las revisiones iniciales de asilo, en las que la mayoría de la gente es aprobada, y los fallos definitivos sobre los casos, en los que la mayoría de las personas son rechazadas.

Entre los nueve jueces de la máxima corte, las magistradas liberales Ruth Ginsburg y Sonia Sotomayor expresaron su desacuerdo con el fallo. Una vez más, el Poder Ejecutivo ha emitido una norma que busca anular las prácticas de larga data con respecto a los refugiados que buscan resguardarse de la persecución, escribió Sotomayor.

El Pentágono anunció el martes pasado que mantendrá hasta 5 mil 500 soldados desplegados a lo largo de la frontera sur durante el próximo año para ayudar a combatir la migración ilegal. También anunció que liberará 3 mil 600 millones de dólares para la construcción de un muro en la frontera, el cual Trump prometió durante su campaña y prometió que México pagaría.

El juez federal de distrito Jon Tigar, de San Francisco, California, impidió que la propuesta de Trump entrara en vigencia a finales de julio pasado. Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito limitó la orden de Tigar para que sólo fuera aplicable en los estados de Arizona y California, los cuales están dentro de dicho circuito.

Ello permitió que el gobierno tuviera libertad para aplicar la política a los solicitantes de asilo que llegaron a Nuevo México y Texas. Tigar emitió una nueva orden el lunes pasado que volvió a imponer un control a nivel nacional sobre la política de asilo. Al siguiente día, el tribunal de apelaciones limitó nuevamente la orden.

Trump y el fiscal general, William Barr, criticaron las decisiones de Tigar, porque el magistrado intentó que tuvieran alcance nacional. La nueva acción de la Suprema Corte permite que el gobierno imponga la nueva política en todas partes mientras continúa el caso en contra de las restricciones. Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadunidense de Libertades Civiles que representa a grupos defensores de migrantes en el caso, dijo: Este es un paso temporal y tenemos la esperanza de que prevalezcamos a la larga. Las vidas de miles de familias están en juego.

En este contexto, autoridades federales informaron que a los observadores externos no se les permitirá ingresar sin permiso a las cortes en carpas instaladas en la frontera sur de Texas, donde se procesa a los miles migrantes que se vieron obligados a esperar sus casos de asilo en México.

Las primeras audiencias en el programa llamado Permanecer en México comenzaron este miércoles en Laredo, Texas. Un pequeño número de migrantes tendrán audiencias antes de que las carpas en Laredo y Brownsville inicien oficialmente sus actividades la próxima semana.

Las autoridades federales alegaron preocupaciones en materia de seguridad al tomar la decisión de que no permitir el ingreso sin autorización previa a observadores externos, incluidos los medios de comunicación, a las audiencias realizadas en las carpas. De acuerdo con las normas del Departamento de Justicia, las audiencias en tribunales de migración suelen ser abiertas al público.

Como parte del programa, más de 40 mil migrantes han sido enviados al sur de la frontera a esperar sus fechas de en tribunales de migración estadunidenses. Muchos de los solicitantes de asilo se encuentran en ciudades fronterizas conocidas por sus elevados índices de secuestro y extorsión.

Más información en La Jornada Sin Fronteras: https://cutt.ly/1wFkBwB