Los hechos recientes en Nuevo Laredo, Tamaulipas –que apuntan a una ejecución extrajudicial de ocho personas a manos de policías estatales y un posterior montaje para hacerla pasar como un enfrentamiento con miembros del crimen organizado–, ya son investigados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo nacional solicitó además a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y al gobierno local la emisión de medidas cautelares en favor de las personas que han dado sus testimonios para desmentir la versión oficial de la administración del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de que los uniformados respondieron a una agresión de presuntos pistoleros y derivado de ese enfrentamiento abatieron a los ocho civiles.

Defensores de derechos humanos indicaron que en caso de confirmarse que se trató de una ejecución extrajudicial y de la alteración de la escena del crimen, representaría una grave violación a las garantías fundamentales y estos hechos se convertirían en el primer caso de este tipo documentado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que debe haber una investigación a fondo.

El martes, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) dio a conocer una serie de elementos que dan indicios de que se trató de una ejecución extrajudicial, con un modo de operación similar al que se dio en Tlatlaya, estado de México, en junio de 2014. Además, que el Ejército acordonó el perímetro donde se habrían perpetrado los crímenes. Agregó que se ha pedido la protección a 32 personas, entre testigos, familiares de las víctimas e integrantes del propio comité.

Tras recibir una queja, la CNDH dio inicio a las indagatorias por este caso, por lo que envió visitadores al lugar.

En relación con los hechos de violencia ocurridos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la CNDH informa que ya se radicó la queja y se comisionó personal para investigar el caso e integrar el expediente respetivo. Como primera acción institucional, se solicitaron medidas cautelares a la Sedena y a la Secretaría de Gobierno del estado, encaminadas a preservar la integridad física de las personas que han dado testimonio a medios de comunicación y para que no haya actos de represalia en su contra, dio a conocer el organismo nacional.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y Raúl Ramírez Baena, de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, coincidieron en señalar que el caso debe ser atraído por la Fiscalía General de la República y el gobierno federal aclarar la posible participación que habría tenido el Ejército.

Señalaron que el presidente López Obrador ha apostado a que el problema de la inseguridad en el país se resolverá con la Guardia Nacional, pero es sólo un elemento, que resulta insuficiente, pues debe haber coordinación con los gobiernos estatales, depuración de las policías y fiscalías locales, así como de la justicia federal y estatal.

Ramírez Baena lamentó que a partir de la denuncia del comité, haya una serie de descalificaciones en redes contra su presidente, Raymundo Ramos, señalándolo como cómplice del crimen organizado, al igual que sucedió cuando esta organización civil documentó que entre enero y mayo del año pasado se habían presentando en Nuevo Laredo más de 50 desapariciones forzadas por parte de la Marina.