La mayor parte de los campesinos propietarios de tierras aledañas y donde se ubicarán los principales proyectos de infraestructura, como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el aeropuerto de Santa Lucía, están de acuerdo con las obras, aseguró el titular de la Procuraduría Agraria (PA), Luis Hernández Palacios Mirón.

En entrevista con La Jornada, el funcionario explicó que la PA ha acompañado a los ejidatarios y comuneros para que saquen el mejor provecho a sus tierras y puedan participar en estos proyectos de varias formas: con la obtención de regalías, la colocación de sus productos y con trabajo en diversas modalidades si así lo desean.

Acotó que los propietarios de los terrenos entienden que en el actual gobierno la actuación es otra, que se protegen sus intereses y que en la venta de terrenos se retribuirá de manera justa.

Sostuvo que la oposición a estos proyectos no viene de la población de las zonas, sino de grupos que defienden sus propósitos: Hay que distinguir la crítica que tienen los proyectos. Hay una crítica ideológica, muy identificada, que está en contra de los proyectos del presidente (Andrés Manuel López Obrador), por organizaciones empresariales; está muy identificado y no son los ejidatarios.

Remarcó que el hecho de que en los proyectos habrá inversión privada no significa que sean un negocio particular, pues siempre está la presencia del gobierno y éste garantiza jurídicamente que la forma en que se aproveche su tierra no sea modificada posteriormente: La presencia del Estado como garante en este proceso asociativo es lo que ha despertado confianza para participar.

Por ejemplo, en el Corredor Transístmico el esquema de asociación en participación va a estar mediado, porque el titular de los polos va a ser del gobierno, la inversión va a llegar en relación con la construcción de la infraestructura sobre una tierra que va a estar administrada por el Estado.

▲ En entrevista con La Jornada, Luis Hernández Palacios Mirón sostuvo que los propietarios de los terrenos aledaños a obras como el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía entienden que el actual gobierno protege sus intereses.Foto Cristina Rodríguez

Reiteró que este no va a ser un negocio privado, aunque haya inversión privada, (pues) es la que se requiere para la generación de nuevas industrias.

Tras señalar que en el Istmo la PA ha dado acompañamiento desde hace meses a ejidatarios y comuneros, sostuvo que la orientación nuestra es que no vendan su tierra, y eso lo han visto ellos muy favorable, porque la experiencia cuando se vende es que de no haber cuidado, seguimiento y asesoría respecto a qué hacer con el dinero al cabo del poco tiempo se quedan sin tierra y sin dinero.

El procurador aseveró que se están tomando medidas legales para que en sexenios posteriores les cambien las condiciones a los ejidatarios: Son contratos establecidos y depositados, ratificados ante autoridades judiciales y soportados en un fideicomiso. Así que esto va a ser inmodificable.

En cuanto al Tren Maya, reconoció que empieza a darse especulación con la tierra, pero la sugerencia de la PA a los campesinos es que no la vendan, y menos a intermediarios.

Sobre Santa Lucía, indicó que ya se compraron terrenos a cuatro núcleos agrarios, y la PA participó dando orientación a los propietarios de la tierra, de los términos en que los procesos de compraventa deberían darse y participando en las convocatorias a asambleas para que estuvieran en condiciones de autorizar los procedimientos legales.