El gobierno saliente del estado de Baja California se ha negado a indemnizar conforme a derecho a Adrián Vázquez Lagunes, quien pasó más de tres años encarcelado de forma injusta luego de que lo confundieran con el narcotraficante Gonzalo Inzunza, alias El Macho Prieto.

Así lo advirtió el director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Raúl Ramírez Baena. Señaló que Vázquez fue “detenido en forma arbitraria y torturado para obligarlo a admitir que era quen no era (El Macho Prieto), lo cual le dejó daños físicos y morales que aún lo afectan y también a su familia”.

Como se informó en La Jornada (17/4/ 2015), Adrián Vázquez fue detenido el 26 de septiembre de 2012 en Tijuana y entregado un día después a la entonces Procuraduría General de la República, tras ser torturado más de 12 horas e intervenido quirúrgicamente, debido a la gravedad de sus lesiones en pulmón, bazo, vejiga y costillas.

Adrián permaneció más de tres años en prisión hasta que logró una sentencia absolutoria y recuperó su libertad. Los juzgadores lo exoneraron al no acreditarse las pruebas en su contra, y hasta hoy es el único caso que nosotros conocemos en donde los perpetradores de la tortura fueron sometidos a la acción de la justicia y están bajo proceso, indicó Ramírez.

Tras haber recuperado su libertad, Vázquez y sus abogados exigieron la reparación integral del daño, la cual le corresponde directamente a la Secretaría General del gobierno bajacaliforniano, pues en la época en la que sucedieron los hechos no existía una oficina estatal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Ante dicho escenario, se creó un proyecto de convenio en el cual la CEAV aceptó otorgar los recursos de la llamada compensación subsidiaria para Vázquez y su familia, a condición de que esos fondos se descontaran de las participaciones que el gobierno federal le envía al del estado de Baja California.

No obstante, el gobierno del panista Francisco Vega de Lamadrid –que concluye en noviembre de este año– se ha negado a firmar dicho acuerdo, a pesar de que es su obligación legal y a que esa decisión afecta a Adrián Vázquez, a su esposa Judith y a sus hijos de 16, 14 y 6 años de edad, este último con síndrome de Down.

Ramírez Baena enfatizó que tras su encarcelamiento y el proceso legal que permitió su liberación, Adrián y su familia quedaron prácticamente en la bancarrota.