Charcas, SLP., Para destrabar la aplicación del fondo minero, suspendido para evitar intermediarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a las autoridades locales que el dinero se entregue de manera directa a las sociedades de padres de familia de las 33 escuelas de este municipio, y se destine a mantenimiento de infraestructura educativa.

Mientras explicaba a trabajadores del hospital rural de esta localidad acciones de su gobierno, desde la calle un grupo de víctimas buscó a gritos llamar su atención en demanda de una auditoría a la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Más tarde, al visitar el hospital rural de Matehuala, el presidente insistió en que se realizan cambios profundos, arrancando de raíz la corrupción y no ha habido un grupo opositor que ponga en jaque al gobierno.

Dijo: yo no estoy en este encargo por vanidad, por ser el presidente; yo llegué después de muchos años de lucha para transformar. No es el cargo, son los ideales.

Tras recorrer el hospital de Charcas, el jefe del Ejecutivo reveló que ha platicado con el gobernador Juan Manuel Carreras y con el presidente municipal sobre un acuerdo para que el fondo minero se entregue a las escuelas.

“Les estoy haciendo una propuesta para destrabar este asunto –mediante un acuerdo voluntario– porque hay una controversia en el Poder Judicial... En el caso de Charcas son 24 millones 862 mil 678 pesos lo que corresponde del fondo minero. Les estaba proponiendo entregarlo sólo si se otorga directamente a las sociedades de padres de familia en las escuelas”, sostuvo en esta gira.

Adelantó que si se resuelve en favor del gobierno federal, ese sería el mecanismo para entregar los recursos sin intermediarios a las comunidades de los munici-pios mineros.

El presidente consideró que la medida sería de gran apoyo porque la mayoría de las escuelas están abandonadas y son los padres de familia quienes tienen que dar-les mantenimiento.

Afuera, tras las rejas del hospital, un grupo de personas exigía con pancartas y a gritos auditoría a la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Venimos a pedirle a López Obrador una auditoría porque creemos que hay desvío de recursos. 35 víctimas tenemos tomadas las instalaciones desde el 14 de agosto porque no nos dan ayuda inmediata. El Estado nos ha dado la espalda, dijo María de Jesús Almendárez Prieto, quien dijo ser víctima de abuso y acoso sexual.

De rodillas, Sinhué García Correa, quien también dijo ser víctima de acoso sexual, demandaba a gritos la auditoría, porque se están robando el dinero.

A su vez, Marcela Alemán Delgado demandó la ayuda porque ha-ce dos años y seis meses su hija fue víctima de violación y de pornografía infantil en el Instituto Luis Gonzaga Urbina, de Río Verde y atención a víctimas me negó la asesoría legal a la cual tengo derecho. Es un peregrinar pedir justicia.