in duda alguna, la liberación de Gildardo López Astudillo, uno de los principales señalados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un golpe directo a los propósitos de la Cuarta Transformación anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues obra en sentido contrario –y en qué medida– al compromiso del entonces candidato de dilucidar el caso hasta no dejar duda alguna de lo que sucedió con los jóvenes.

A consideración del juez que le concedió la libertad absolutoria, las pruebas que aportó la entonces Procuraduría General de la República para acusarlo de secuestro no resultaron suficientes –como no lo fueron antes para la acusación de delincuencia organizada– y, en general, la pesquisa del organismo fue deficiente.

La resolución del juez activó las alarmas en los familiares de los muchachos desaparecidos, pero sobre todo en el gobierno federal, porque implica que otros 50 procesados por este caso podrían salir de la cárcel dado que los expedientes que armó la desaparecida PGR son tanto o más deficientes que el correspondiente a López Astudillo.

De ocurrir, implicaría un retroceso descomunal en el esfuerzo por aclarar el caso e impartir la justicia correspondiente, en el transcurso de un gobierno que ofreció precisamente eso.

Según el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, el juez concluyó que el procesado fue torturado, a pesar de que la entonces PGR demostró lo contrario. Sólo hay que imaginar qué sucedería con aquellos detenidos cuya tortura fue plenamente documentada.

Es seguro que el Poder Legislativo federal volverá la mirada a las leyes y a los códigos penales en busca de corregir los resquicios que permitieron la libertad de López Astudillo, y lo hará con sentido de urgencia para tratar de impedir que otros como él, tan implicados en la desaparición de los 43 –y, por extensión, en todo otro delito grave–, salgan en libertad con tanta facilidad y por la puerta grande.

Pero en este tramo podría haber un problema derivado de que, a la llegada de las políticas de austeridad de la Cuarta Transformación, los diputados de Morena decidieron despedir a muchos de sus mejores asesores en temas jurídicos: el intento de corregir la ley podría dejarla peor.