Habitantes de los pueblos originarios en resistencia a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México Felipe Ángeles, en la base aérea de Santa Lucía (NAIMFA), tramitaron un nuevo amparo para que se cancele la obra debido al fuerte impacto social y ambiental que generará en sus municipios.

El juzgado sexto de distrito en el estado de México admitió el recurso jurídico en el cual los afectados reclaman que las autoridades fueron omisas en llevar a cabo un estudio sobre las comunidades perjudicadas por la construcción de la terminal, además de la falta de una consulta indígena previa entre los habitantes de los pueblos aledaños, como establece el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También debido a que se aproxima la guerra del agua, porque lamentan que se quedarán sin el recurso.

Esta demanda de amparo se suma a las otras nueve que la semana pasada tramitaron representantes del municipio de Tecámac, estado de México, en juzgados federales de Naucalpan, de las cuales dos fueron enviadas al quinto tribunal de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, señaló en entrevista el profesor Sócrates Galicia Fuentes, académico e investigador de la Universidad Autónoma Chapingo.

Recordó que el área total del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es de 3 mil 600 hectáreas, y que los ejidos más dañados serán Tecamac, Xaltocán, Ozumbilla, Xoloc y Santa Ana Nextlalpan.

Devastador para comunidades y especies

De acuerdo con el académico, el impacto ambiental de la nueva terminal aérea será devastador para todas las comunidades originarias aledañas al proyecto, así como de las especies endémicas.

Entre otras cosas, se requieren mil 284 hectáreas para el amortiguamiento acústico y de seguridad de las aeronaves, y esto perjudicará la propiedad ejidal de Xaltocan, de donde se tomarían 304 hectáreas; Ozumbilla, 38; San Lucas Xoloc, 353, y Santa Ana Nextlalpan, 245. El resto son privadas y terrenos de propiedad nacional. El parque estatal Sierra Hermosa sería perjudicado con alrededor de 80 hectáreas.

De acuerdo con un análisis de Galicia Fuentes, la alteración y daño provocará la destrucción de recursos forestales, así como la extracción de agua potable, cuya situación es crítica en la zona.