La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que desde noviembre del año pasado entregó a Samuel Ventura Ramos, juez primero de distrito de procesos penales federales en Tamaulipas, las grabaciones realizadas por autoridades de Estados Unidos, que involucran a Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y ese elemento no fue tomado en cuenta a la hora de dictar la sentencia que dejó en libertad a uno de los líderes de Guerreros Unidos.

Documentos en poder de La Jornada señalan que el 5 de noviembre de 2018 el Ministerio Público Federal aportó como prueba a la causa penal 66/2015, la documental pública consistente en copia certificada de la contestación dada por autoridades estadunidenses a solicitud de asistencia jurídica internacional formulada por la PGR, a la acusación “a través de la cual se ejercitó acción penal en aquel país en contra de ocho personas consideradas integrantes de Guerreros Unidos”.

En esas pruebas aportadas para imputar la participación de El Cabo Gil en lo sucedido con los 43 normalistas, el Ministerio Público Federal entregó las grabaciones y registros que Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingles) realizó de llamadas telefónicas y mensajes enviados a través del sistema de Blackberry, entre septiembre de 2013 y octubre de 2014.

El contenido de las conversaciones, las cuales fueron entregadas de manera certificada a autoridades mexicanas y que se aportaron al expediente en contra de López Astudillo, dan cuenta que Guerreros Unidos tenía líderes que operaban desde Chicago y Oklahoma, Estados Unidos, y algunos de ellos fueron identificados como Roberto Sánchez, Eliseo Betancourt, Isaías Mandujano, Pablo Vega Cuevas y Alexander Figueroa, y en los textos se revela cómo se ordenó actuar en contra de los estudiantes a miembros de su organización y la participación de líderes regionales, indicaron los funcionarios consultados.

En los oficios del Poder Judicial de la Federación, que aluden a las pruebas entregadas por la PGR, se señala que para el desahogo del caso se entregó la transcripción de los mensajes, y se resalta que hubo acciones que se relacionan con los hechos en agravio de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Los documentos señalan que el juzgado primero de distrito de procesos penales federales con sede en Tamaulipas, admitió a trámite las documentales de referencia, las cuales se tienen por desahogadas dada su especial naturaleza, mismas que serán valoradas según corresponda en el momento procesal oportuno.

De igual manera, desechó una diligencia solicitada por la PGR: con relación a la solicitud relativa a que se aplique una inspección judicial en la causa penal (...) respecto de las pruebas para constatar que ahí obran sus originales, dígasele al oferente que dicha inspección no se hace necesaria de llevar a cabo, toda vez que las copias certificadas exhibidas, al tratarse de documentales a través de las cuales un funcionario con fe pública manifestó haber tenido a la vista sus originales, lo que hace suficiente para tenerlas como desahogadas.