La juez primera de distrito de Veracruz, con sede en Xalapa, Karina Juárez Benavides, requirió al Congreso local que informe en tres días sobre el procedimiento de separación temporal de Jorge Winckler Ortiz del cargo de fiscal general del Estado, que se realizó el martes pasado.

Requiéranse a las autoridades responsables para que en el término de tres días informen y justifiquen a este juzgado sobre el cumplimiento de la suspensión; esto es, deberán acreditar con los medios de prueba procedentes si emitieron o no el acto que se les atribuye y con el que supuestamente transgredieron la suspensión otorgada al quejoso.

Esto petición responde a una demanda que el propio Winckler Ortiz interpuso para dar cuenta de un incidente de violación por parte del Congreso local a la suspensión definitiva que él mismo obtuvo de la juez el pasado 18 de enero mediante el amparo 1266/2018, que prohíbe destituirlo haciendo uso de mecanismos no previstos en la ley al momento de su designación.

Esta suspensión lo protegió de ser destituido a partir del decreto 149, que otorga facultades al Congreso local para quitarlo del cargo en forma directa sin juicio político. Ahora una juez analizará si la comisión permanente violó la suspensión definitiva.

Mientras, el juzgado segundo de distrito del Poder Judicial de la Federación desechó el amparo 822/2019 promovido por Winckler Ortiz tras haber sido separado temporalmente del cargo por la comisión permanente del Congreso local.

En su argumentación, publicada ayer, las autoridades jurisdiccionales recordaron que el juicio de amparo es para resolver las controversias suscitadas por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, pero esto no puede hacerse extensivo a los servidores públicos.

Advirtieron que sólo pueden otorgarse amparos cuando las personas del derecho público actúen como cualquier otro ciudadano y en defensa de su patrimonio; en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo. El recurso de amparo no resuelve controversias entre organismos públicos, precisaron.

Ya que Winckler Ortiz cuenta con una suspensión definitiva vigente para no ser removido del cargo mediante mecanismos no incluidos en la Ley al momento de su designación, el funcionario público debe hacerlos valer ante la instancia que le otorgó dicho amparo, precisaron.

Quitan protección a Winckler y a su familia

Winckler Ortiz informó que le quitaron la protección a él y a su familia, dejándolos en una situación de vulnerabilidad. Dijo que, de acuerdo con la ley vigente, tengo derecho a contar con protección por un tiempo establecido, y que al haberle quitado los escoltas es clara la intención de causarnos un daño a mí y a mi familia, y muestra del actuar doloso de quienes pretenden dinamitar la autonomía de la fiscalía.

Responsabilizó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al presidente Andrés Manuel López Obrador de lo que pudiera ocurrirle, ya que cuando estuvo al frente de la FGE se combatieron la corrupción y los crímenes perpetrados desde el Estado y se ha procedido contra peligrosos miembros de grupos de la delincuencia organizada y bandas de secuestradores.