l subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló ayer que la liberación de Gildardo López Astudillo, alias El Cabo Gil, establece un precedente grave y abre la posibilidad de que sean liberados otros 50 detenidos por el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, perpetrada la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. López Astudillo se encontraba detenido desde 2015, acusado de ser el jefe de plaza del grupo criminal Guerreros Unidos en Iguala cuando se cometió el ataque contra los normalistas, pero el último día de agosto fue puesto en libertad por el juzgado primero de distrito de procesos penales federales, con sede en Tamaulipas y a cargo del juez Samuel Ventura Ramos.
Si bien el propio Encinas reconoció que algunas liberaciones en el caso Iguala pueden atribuirse a la indebida integración de la investigación por agentes del Ministerio Público, así como por los actos de funcionarios de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), quienes construyeron una versión de los hechos basada en la simulación, también señaló que los jueces han contado con elementos para fincar responsabilidades, pero permiten que los acusados salgan libres mediante una aplicación laxa de la ley. En este sentido, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que desde noviembre pasado (todavía en la administración anterior) entregó al juez Ventura 44 pruebas a fin de demostrar la responsabilidad de López Astudillo en el secuestro de los estudiantes, incluyendo grabaciones de conversaciones telefónicas y registros de mensajería de Blackberry en los cuales se evidencia que el excarcelado ordenó actuar contra los normalistas.
El desarrollo de los acontecimientos revela la existencia de una doble banda de impunidad que opera para enturbiar el esclarecimiento de lo ocurrido en Iguala hace cinco años, la cual persiste pese al cambio de régimen porque durante el sexenio pasado se dejó sembrado un conjunto de irregularidades que obstaculiza cualquier avance. Así, a la deficiente actuación de la PGR –cuyas diligencias se llevaron a cabo mediante violaciones flagrantes a los derechos humanos, incluido el uso consuetudinario de la tortura– se suma la aparente determinación de los jueces a no ver la evidencia, sin importar lo contundente que ésta pueda ser, como ocurre en el caso de López Astudillo.
Hay pocas dudas sobre la motivación de la antigua PGR en su impresentable manejo de todo lo relacionado con el caso Iguala, pues la pasada administración exhibió de manera sistemática su falta de voluntad para esclarecer los hechos, sin otro propósito visible que el de encubrir y proteger a los culpables. En cambio, resulta difícil explicar el empecinamiento de integrantes del Poder Judicial en la ceguera ante el cúmulo de evidencias, y llega a ser obligado preguntarse por qué los jueces actúan como lo han hecho, a qué intereses responden y a quiénes protegen con sus sentencias.
Por la fuerza ejemplar del caso Iguala en tanto emblema de la violencia perpetrada con la connivencia de las autoridades, la liberación de El Cabo Gil coloca a la Fiscalía General de la República en la obligación de investigar la investigación; es decir, a poner bajo la lupa a sus empleados o ex empleados que intervinieron para enturbiar el curso de las indagatorias. Dicha pesquisa no estará completa si no voltea hacia los jueces que, por decirlo de una manera suave, han hecho gala de una desmesurada generosidad en el tratamiento de los presuntos culpables, ya sea por la liberación de los procesados o por un, en ocasiones escandaloso, otorgamiento de amparos que impiden siquiera judicializar a los acusados. Asimismo, cabe esperar que el propio Poder Judicial tome nota del descrédito en que lo ponen algunos de sus miembros y emprenda una rectificación profunda, sin la cual será inevitable que la población lo perciba como parte integrante y vigente de la corrupción y la impunidad que el país está empeñado en dejar atrás.
