21 días del quinto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa surgen nuevamente hechos que dan cuenta de que la verdad no está tutelada en beneficio de las víctimas y de que, aún peor, dicha ausencia de verdad es consecuencia principalmente de que hay instituciones del Estado mexicano que están podridas y que –ya sea por acción o por omisión– generan impunidad. Esto es el máximo agravio para las víctimas de un delito, más aún para quienes desde hace cinco años se encuentran viviendo una grave violación a los derechos humanos.

Los índices nacionales sobre impunidad son devastadores: las propias cifras oficiales develan que sólo .1 por ciento de cada 10 casos denunciados accede a la justicia. Una impunidad de 99 por ciento da cuenta de que hoy en México las instituciones que deberían auxiliar, acompañar y representar a las víctimas no hacen su trabajo. Por el contrario, acuden a métodos ilegales de investigación, distorsionan hechos, manipulan pruebas y ensucian la verdad de lo sucedido.

Esa es la impunidad: la negación máxima de procesos serios de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables. La impunidad pone en el centro intereses contrarios a la legalidad y al estado de derecho, en tanto que la justicia pone en el centro a las personas que se duelen de la peor atrocidad, como lo es la desaparición forzada.

La liberación de Gildardo López Astudillo es una mala noticia. Todos los reportes lo señalan como jefe de plaza de Guerreros Unidos y como el actor que se vinculaba con las instituciones públicas para corromperlas. Así lo develó la investigación de las autoridades estadunidenses, quienes detuvieron a integrantes de ese grupo criminal por traficar heroína en dicho país. Escuchas telefónicas y particularmente un racimo de mensajes extraídos de los teléfonos celulares dan cuenta del papel de López Astudillo, muestran con nitidez que las instituciones policiales presentes en la zona trabajaban para la banda criminal y apuntan a que ese entramado de corrupción no se agota en las instituciones municipales, sino que involucra a actores estatales e incluso federales.

Ayotzinapa marcó al país: develó el México de la macrocriminalidad y la corrupción, de los contubernios entre las autoridades policiales y políticas con el crimen organizado, de los territorios sujetos al control criminal y de instituciones públicas que forman parte de la delincuencia. Sólo así se explica un entorno que posibilitó la vulnerabilidad extrema de las víctimas y luego una tragedia del mayor calado: personas ejecutadas y estudiantes desaparecidos a plena luz del día en una ciudad.

El factor diferencial para revertir esta cruenta realidad era la justicia como traducción de la verdad: explicar sin reserva qué sucedió, incluido el paradero de los estudiantes, pero también el involucramiento del crimen y de las autoridades a todos los niveles y la detención y sanción de las personas responsables.

Frente a la tragedia, el Estado tenía la oportunidad de marcar un antes y un después. Por desgracia, así como Ayotzinapa fue la expresión profunda del contubernio crimen-autoridades, también se constituyó en la máxima expresión de la impunidad y la podredumbre de las instituciones que deberían tutelar la verdad.

Ya en septiembre del 2015, el GIEI advirtió las ilegalidades de la PGR en la investigación y en mayo de 2016 proporcionó una lista de personas torturadas para imponer una mentira como verdad histórica en el caso. La ONU-DH, en su informe Doble Injusticia, advirtió la existencia de un mecanismo ilegal de investigación que pasaba por detenciones arbitrarias, allanamientos, torturas e incluso un caso de ejecución arbitraria, cometidas tanto por la PGR como por la Marina y la Sedena. La propia CNDH, en su recomendación sobre el tema, alud≠e a más de 50 casos de métodos ilegales que han manchado lo que debió ser la investigación más profunda y profesional en México y que terminó siendo la expresión de la podredumbre institucional.

En junio de 2018, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Reynosa, Tamaulipas, emitió una sentencia histórica que dio origen a la Comisión Presidencial creada por AMLO para el caso. Los magistrados concluyeron que la PGR no hizo una investigación imparcial e independiente y que se habían cometido graves irregularidades, como la elaboración de pruebas ilegales que debían ser eliminadas del caudal jurídico. Pasó un año y dos meses desde esta resolución y la PGR y la hoy FGR no han podido reconfigurar las acusaciones. Tan mal hecha está la investigación que no presentaron nuevas pruebas que evitaran que personas como López Astudillo salieran en libertad a pesar de haber delinquido de manera evidente.

Hoy, el caso Ayotzinapa cuenta con un andamiaje institucional inédito. Existe una Comisión Presidencial, una Fiscalía Especializada dentro de la FGR y asistencia técnica internacional a cargo de la CIDH y la ONU, lo que ha posibilitado el regreso de dos de los expertos del GIEI. No hay duda de que este andamiaje es expresión de voluntad del nuevo gobierno, pues suma recursos políticos del mayor nivel con recursos jurídicos y presencia internacional. El gran reto de este andamiaje es romper con prácticas de instituciones podridas que privilegian intereses oscuros y que se materializan en la máxima impunidad.

Ante ello, como sociedad nos toca seguir acompañando a los 43 padres y madres que, a cinco años, siguen buscando a sus muchachos y que constituyen la reserva moral del México digno.