l presidente López Obrador ha insistido en que pese a que no ha habido crecimiento económico en el país, está produciéndose desarrollo. Su argumento tiene como base que los salarios han mejorado y que los programas sociales están generando bienestar en sectores sociales desfavorecidos por el mercado. La información disponible muestra que en el primer semestre de este año el producto interno bruto creció apenas una décima, lo que equivale a condiciones de estancamiento económico. Muestra también que, en efecto, los trabajadores han recibido incrementos salariales por encima de la inflación, de modo que han mejorado su capacidad de compra. Esta mejora, sin embargo, está todavía lejos de lo que se requiere para que los salarios permitan adquirir la canasta básica.
La distinción que hace AMLO es relevante: no es lo mismo crecimiento que desarrollo. El primero no implica al segundo. Desde el punto de vista de la ciencia económica se ha demostrado que los conceptos de producto interno bruto o de ingreso nacional con los que se mide convencionalmente la evolución de la economía y, en consecuencia, se establece si la economía crece, se estanca o decrece, tienen debilidades. Por eso son indicadores de ese desempeño y no mediciones precisas. Pese a ello su disponibilidad en series de corto y largo plazo permite un uso generalizado en prácticamente todos los países del mundo. El concepto desarrollo, por su parte, se entiende como la existencia de crecimiento económico, es decir, incremento del PIB, el que se distribuye de la manera más equitativa posible. La fórmula simple sería: desarrollo = crecimiento del PIB + su distribución equitativa. Aunque AMLO lo diga, si no hay crecimiento no puede haber desarrollo.
Bienestar, por su parte, implica una mejora sensible de las condiciones de vida y de trabajo de los grupos mayoritarios de la población. Implica que se superan las condiciones mínimas de subsistencia para iniciar el camino que paulatinamente conduzca a que los empleos que se creen sean dignos en el sentido de que tenga un salario que permita vivir razonablemente y que haya posibilidad de que el trabajador participe de la gestión, tal como lo ha planteado la Organización Internacional del Trabajo. Implica que todos los infantes puedan recorrer el ciclo escolar básico en condiciones alimenticias, de higiene y de tranquilidad que permitan asimilar los contenidos académicos. Implica, además, que todos los jóvenes tengan acceso garantizado al bachillerato y a la universidad y que tengan las condiciones materiales para que su recorrido por estos niveles educativos sea exitoso. Pese a los posibles avances, estamos muy lejos de que haya bienestar en el país para los grupos sociales desfavorecidos.
Si la producción de un país se estanca es evidente que no podrá haber desarrollo. Es posible, y deseable, que con las políticas públicas se evite que este estancamiento se traduzca en una pérdida más que proporcional para los sectores asalariados. Mejor aún resultaría que en esas condiciones, gracias a la política pública, se transfirieran recursos de los sectores de altos ingresos a los de menores ingresos para que pudieran enfrentar las dificultades económicas. La administración de AMLO ha puesto en marcha políticas para que esto último ocurra. Lo que es adecuado y lo diferencia de las políticas neoliberales que se aplicaron en México durante 36 años. Sin embargo, no se trata de desarrollo y mucho menos de que se esté generando bienestar social.
El imperativo del crecimiento económico es insoslayable. Si no aumenta lo que se produce en el país, no habrá ninguna posibilidad real de que los millones de pobres que hay en nuestro país dejen de serlo. Se requiere que el país crezca a niveles altos y sostenidos. Por supuesto, conseguirlo supone acuerdos firmes del gobierno federal con los empresarios, no solamente con los emblemáticos, sino con los pequeños y medianos. Sin inversión privada no habrá crecimiento alto y sostenido. Pero también hace falta un acuerdo social en el que los frutos de esa inversión se repartan de una manera equitativa. Este reparto equitativo no lo hará el mercado. El mercado produce y reproduce desigualdad, no igualdad. Es el Estado el que puede corregir la desigualdad que genera el mercado.
El modo de lograrlo es con una estructura tributaria progresiva y con un conjunto de políticas públicas que redistribuyan los recursos que el Estado recibió de los sectores de altos ingresos en el país. El respaldo político creciente con el que cuenta López Obrador debe aprovecharse para iniciar una gran reforma tributaria que modifique las reglas actuales que establecen un tope impositivo muy bajo, y que en la práctica resulta en una estructura tributaria proporcional para los sectores de ingresos medios altos y altos. Sin reforma fiscal, no habrá desarrollo ni bienestar, aunque se vuelva a crecer.
