La Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México interpuso ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina una denuncia por un presunto fraude de aproximadamente 35 millones de pesos en la rehabilitación de un edificio afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Fuentes del gobierno capitalino señalaron que se trata del inmueble ubicado en la calle Aluminio 166, colonia Rastro Popular, en Venustiano Carranza, cuya intervención se inició en 2018 en la gestión anterior, que entregó los recursos a los administradores para que ellos se hicieran cargo de la contratación de la empresa encargada de realizar los trabajos.

Este es uno de los 23 multifamiliares que revisó la dependencia en los que se utilizó el mismo mecanismo, todos en la anterior administración, y cuya investigación arrojó casos de malos manejos de los administradores, que recibieron primero sus departamentos y con una calidad superior a la de las demás viviendas.

En el caso de Aluminio 166, para rehabilitación se pagó a la empresa Diseño Arquitectónico y Construcciones la cantidad de 39 millones 930 mil 396 pesos; sin embargo, un peritaje realizado por la PJG concluyó que aproximadamente 35 millones no fueron aplicados.

Aunado a ello, el edificio no estaba en semáforo rojo, clasificación que dio el gobierno pasado a los inmuebles afectados que requerían una intervención mayor, sino que estaba en color verde; es decir, que no tenía daños, pero en el transcurso de dos semanas pasó a amarillo y después a rojo.

Ante las irregularidades detectadas en la rehabilitación del inmueble, la Secretaría de la Contraloría capitalina determinó interponer la denuncia penal contra quien resulte responsable.

En cuanto a los demás edificios, el último reporte que dio a conocer el contralor, Juan José Serrano Mendoza, señala que de los 17 edificios concluidos, se determinó que en cuatro se deberán realizar trabajos complementarios estructurales, uno más está en revisión estructural, además del caso que se presentó la denuncia penal.

Lo anterior lo informó Serrano Mendoza al participar en el coloquio Por una reconstrucción abierta, donde manifestó que en los 23 edificios inspeccionados por la dependencia a su cargo se detectaron diferentes situaciones, desde diferencias entre los propios habitantes de los inmuebles hasta mala aplicación de los recursos y mal desarrollo de los proyectos ejecutivos.