La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dispuso la concentración en el máximo tribunal de los procedimientos pendientes de resolver acerca del incendio en la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños y 106 resultaron heridos.

Se trata de 14 solicitudes de amparo presentadas por padres de los niños fallecidos y lesionados en la tragedia, que fueron atraídos por la SCJN el año pasado y concentrados en la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Los amparos de los padres reclaman temas como las reducidas sentencias impuestas a los funcionarios menores procesados por estos hechos, el cierre del caso por parte de las autoridades federales y la necesidad de ahondar en otras líneas de investigación, como la de la posible responsabilidad en los hechos del ex gobernador Eduardo Bours Castelo.

El lunes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los padres de las víctimas de la guardería ABC; al término del encuentro, trascendió que el caso será reabierto, a petición del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En 2009, la SCJN inició una investigación sobre el caso, la cual estuvo a cargo del actual ministro presidente, Arturo Zaldívar, quien en su proyecto final proponía imputar a altos funcionarios del IMSS, entre ellos al entonces director general Juan Molinar Horcasitas, ya fallecido.

El proyecto no fue aprobado totalmente por la SCJN; sin embargo, se anunció que será retomado en la nueva investigación del caso, a cargo de la Fiscalía General de la República.

Respecto de los amparos pendientes en la SCJN, éstos fueron atraídos a petición del segundo tribunal colegiado en materias penal y administrativa del quinto circuito, instancia que argumentó que el asunto causó una gran conmoción en la sociedad mexicana, dada la gravedad de los hechos en los que perdieron la vida cuarenta y nueve niñas y niños, así como lesiones en cuarenta y tres personas más, en su mayoría menores de edad. Incluso, con repercusión internacional, ante la posibilidad de una eventual condena al Estado mexicano, debido a que los padres de las víctimas y ofendidos del incendio denunciaron esos acontecimientos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.