asi diez años atrás, en junio de 2010, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) condenó a las víctimas del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y protegió (léase garantizó impunidad) a los responsables de esa tragedia, incluidos los familiares de la pareja Calderón-Zavala.

Desde el momento mismo del incendio en la ABC (5 de junio de 2009) Felipe Calderón y su gobierno procedieron en el mismo sentido que, un año después, la mayoría de los ministros de la SCJN. Para ello usó todo el aparato, con Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación a la cabeza, quien en reiteradas veces se reunió con los ministros para convencerlos de descalificar y echar abajo el proyecto condenatorio de Arturo Zaldívar, el cual se orientaba a la culpabilidad de los funcionarios y los citados familiares.

Así, de la mano, el gobierno calderonista y el máximo tribunal de la República garantizaron impunidad a los culpables y condenaron a los niños fallecidos y heridos, así como a sus padres.De hecho, el 15 de junio de 2010, “el pleno de la SCJN determinó –ocho votos contra tres– que no fincará responsabilidades a los funcionarios que hayan incurrido en la violación grave de garantías individuales en el caso de la guardería ABC y se limitará a señalar a quienes resulten implicados en esos hechos” ( La Jornada, Jesús Aranda).

¿Quiénes votaron en contra de las víctimas? Los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia (entonces presidente de la SCJN), Sergio Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, José de Jesús Gudiño Pelayo, Luis María Aguilar y Sergio Valls. A favor de las víctimas: Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero (hoy secretaria de Gobernación) y Arturo Zaldívar (actual titular de la SCJN).

En aquella ocasión, este último dejó en claro: quienes denigran a las instituciones son los malos servidores públicos, no quienes los criticamos (en referencia a cuando menos cuatro funcionarios involucrados en el caso (Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam, directores del IMSS; Eduardo Bours, gobernador de Sonora; y Ernesto Gándara Camou, presidente municipal de Hermosillo; los parientes de la dupla Calderón-Zavala ni siquiera fueron mencionados).Ahora dicen: el IMSS no tiene nada que ver con la protección civil. ¡Ahí es donde hay una grave omisión de políticas públicas! ¿Cómo es posible que el IMSS, y me refiero a sus autoridades, obviamente, se desatiendan de dónde están las guarderías, de si los niños están cuidados o no?”

Además, dijo Zaldívar, el desorden generalizado se traduce en la entrega discrecional de contratos, la falta de supervisión y vigilancia de las guarderías subrogadas (a la iniciativa privada), lo que impidió que, habiéndose producido fuego en la bodega contigua, se tomaran medidas que hubieran evitado la desgracia. Pero de cualquier forma todos los responsables fueron protegidos por la mayoría de los ministros, mientras el titular de Gobernación, Gómez Mont, convenció a los ministros de mirar hacia otra parte.

Pues bien, a casi 10 años de distancia aquellos ministros que condenaron a las víctimas y enterraron el caso, así como los funcionarios cubiertos con el manto de la impunidad calderonista y peñanietista, deberán estar atentos a las indagatorias de la Fiscalía General de la República, que no solo reactivó el expediente de la tragedia en Hermosillo y aporta elementos adicionales de prueba, sino que se basará en el proyecto condenatorio que en 2010 presentó el ministro Zaldívar.

Las rebanadas del pastel

Dice Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, presunto dirigente nacional del PRI, que su partido no está derrotado moralmente. Y tiene razón: no puede reclamar algo que nunca tuvo. En todo caso, lo que condensa la práctica tricolor es la frase de Gonzalo N. Santos, El Alazán Tostado: la moral es un árbol que da moras, o sirve para una chingada.

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