ue el propio juez Felipe de Jesús Delgadillo Bejarano quien puso en la marquesina del espectáculo mediático-judicial a José Antonio Meade Kuribreña y, de pasada, a su jefe administrativo y político, Enrique Peña Nieto. Una joyita, se publicó que había dicho el polémico juzgador, según eso en referencia al significado que tendría el acta de entrega-recepción que supuestamente habría depositado en la Secretaría de Desarrollo Social la saliente Rosario Robles Berlanga al entrante Meade, quien así se habría enterado de las irregularidades pendientes de esclarecer, referidas a lo que luego sería bautizado periodísticamente como La estafa maestra.

La joyita se transformó en humo según el nuevo criterio del sobrino de la diputada morenista Dolores Padierna. Ya no tuvo urgencia ni necesidad de que le entregaran una copia certificada del documento que la defensa rosarista decía tener y que implicaría a Meade una conducta omisa similar a la que llevó a Robles Berlanga a la cárcel luego de una diligencia judicial de 12 horas.

En su nuevo giro de criterio, Delgadillo Bejarano consideró que Meade no es un sujeto activo en el proceso al que podría ser sujeta la dos veces secretaria de Estado y se allanó a la indicación de un juez de amparo que concedió una suspensión definitiva para que no se entregara la copia de marras. La misma mañana en que Robles Berlanga fue encarcelada de manera precautoria, Meade y otro ex secretario peñista de Hacienda, José Antonio González Anaya, estuvieron en Palacio Nacional para reunirse con el titular de la SHCP, Arturo Herrera, quien durante horas pretendió negar que se hubiera realizado un encuentro con sus antecesores priístas. ¿No te preocupes, Meade?

El entrampado gobierno veracruzano, a cargo del morenista Cuitláhuac García, logró deshacerse temporalmente del fiscal general transexenal que le fue heredado por el panista Miguel Ángel Yunes, aunque la operación legislativa e incluso policial del caso generó un amplio revuelo y enardeció a los opositores de la Cuarta Transformación en versión jarocha.

Jorge Winckler fue removido de manera precautoria en una discutible sesión de la Comisión Permanente del Congreso de Veracruz en la que se modificó el orden del día y se argumentó que el fiscal general del Estado habría incurrido en un presunto incumplimiento de manera constitucional de registro correspondiente y necesario para ingreso y permanencia del cargo. En específico, se mencionó que no hay constancia de que haya cumplido con los controles de confianza a los que están obligados los servidores públicos de áreas como la citada fiscalía.

Por lo pronto, el gobernador García hace a un lado (habrá de verse con cuánto apego a la legalidad, durante cuánto tiempo y con cuál costo político) a su adversario sembrado, Winckler, a quien responsabilizó de detener órdenes de aprehensión relacionadas con determinado cártel del crimen organizado y de entorpecer, en general, las acciones de combate a esos grupos criminales que en la entidad están desbordados y retadores. En los hechos, la disputa entre el gobernador y el fiscal ha generado condiciones que benefician a los bandos criminales. El tema ha llegado a las conferencias mañaneras en Palacio Nacional y ha llevado al propio presidente López Obrador a decantarse en público a favor de su correligionario y hechura, Cuitláhuac García, y contra el fiscal yunista.

En San Lázaro, Porfirio Muñoz Ledo provocó que los panistas lo compararan con Porfirio Díaz en cuanto a sus avanzadas pretensiones de volver a ser electo presidente de la mesa directiva de la cámara federal de diputados. Para tal propósito se aceleraron los trámites que permiten modificar los ordenamientos que hasta ahora indican entregar el cargo a un panista. Morena, con una evidente mayoría aplastante de votos en esa cámara, considera que las condiciones políticas han cambiado y no tiene por qué ceder ese puesto a una minoría derechista. ¡Hasta mañana!

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