A pesar de que México ha recibido más 3 mil recomendaciones de organismos e instancias internacionales de derechos humanos en décadas recientes, no existe en el país un mecanismo de seguimiento y cumplimiento de las mismas, debido a una falta de voluntad política de los gobiernos sucesivos, se dijo ayer en el conversatorio México ante el sistema universal de protección de derechos humanos.

En el encuentro organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, académicos, abogados y defensores de derechos humanos, Olga Guzmán Vergara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), aseguró que aun cuando en los anteriores dos años México se ha mostrado abierto al escrutinio internacional e incluso con ánimo de cooperar, la realidad es que no hay avances en materia de seguimiento.

Ya ni sabemos cuál es la cantidad exacta de recomendaciones recibidas por el Estado mexicano; se estima que son más de 3 mil, afirmó, al señalar también que hasta el momento sólo ha habido esfuerzos muy incipientes por parte del gobierno para establecer mecanismos de seguimiento a estas recomendaciones.

Esta situación, añadió la defensora de derechos humanos, se atribuye esencialmente a una falta de voluntad política de los gobiernos sucesivos; opinión compartida por Juan Carlos Gutiérrez, de la organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, quien destacó que este ha sido el tono utilizado por los gobiernos anteriores, que niegan cualquier reconocimiento a las víctimas y sus familiares.

En su intervención, Gutiérrez Contreras se refirió al caso de Christian Téllez, desaparecido en Poza Rica, Veracruz, en 2010, y cuyo caso fue llevado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organismo que hace un mes responsabilizó al Estado mexicano de esa desaparición y le ordenó, entre otras cosas, llevar a cabo una investigación exhaustiva, sancionar a quienes hayan entorpecido las pesquisas y reparar el daño a sus familiares.

Gutiérrez, quien también coordinó el litigio del caso de Rosendo Radilla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, destacó la resolución del Comité de Naciones Unidas, pues es la primera sentencia contra México por desaparición forzada, en un fallo que se llevó alrededor de cinco años, lo que es un tiempo razonable en un litigio internacional.

Señaló que los abogados y el ámbito jurídico no habían recurrido a Naciones Unidas como una alternativa al sistema interamericano, el cual –añadió– vive una fuerte crisis en términos de retraso en la resolución de casos, que pueden tardar hasta 12 años para que se emita una respuesta.