ras una década de impunidad para los culpables (garantizada por dos inquilinos de Los Pinos, seis procuradores generales de la República –más un encargado de despacho–, igual número de directores generales del IMSS, cinco secretarios de la Función Pública, una quinteta de legislaturas del Congreso, todos los partidos políticos y la decidida colaboración de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), por fin la Fiscalía General de la República reactiva el expediente sobre el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, cuando el 5 de junio de 2009 murieron calcinados 49 niños y alrededor de una centena resultaron gravemente heridos, con lesiones de por vida.

A partir de entonces las supuestas autoridades –federales y locales– sólo dieron largas y más largas, con supuestas investigaciones a modo –que concluían con más impunidad para los de arriba–, siempre a cargo de personal afín a la familia Calderón-Zavala, en el entendido de que el incendio –a todas luces evitable– fue consecuencia no sólo de la violación permanente de los protocolos de seguridad inherentes a una guardería infantil del IMSS (la mayoría de ellas subrogadas a empresas particulares), sino de la complicidad de priístas y panistas (en ese entonces el gobernador sonorense era el pollero tricolor Eduardo Bours, y su sucesor fue el panista Guillermo Padrés Elías, que terminó preso), con sus acostumbrados cochineros, y la permanente violación a la ley garantizada del entonces inquilino de Los Pinos y su esposa Margarita, toda vez que una tía de ésta, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, resultó ser una de las principales responsables de todo esto, junto con otros empresarios, amigos y parientes de los poderosos de entonces.

Los padres de las víctimas nunca dejaron de luchar por sus hijos fallecidos y por llevar a los responsables ante la justicia, pero a lo largo de dos gobiernos (Calderón y Peña Nieto, con su séquito de aduladores) nada lograron. Y 10 años después la impunidad de los responsables es lo único que destella.

En esa década la cadena de encubrimiento por parte de los servidores públicos resulta interminable: Felipe Calderón, Margarita Zavala, Eduardo Bours, Juan Molinar Horcasitas –ya fallecido–, Daniel Karam, Germán Martínez (hoy vergonzosamente senador por Morena), Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez, Marisela Morales, Jesús Murillo Karam, Arely Gómez, Raúl Cervantes, Alberto Elías, Salvador Vega Casillas, Rafael Morgan Ríos, Julián Olivas Ugalde (encargado del despacho de la SFP), Virgilio Andrade y muchos más, todos impunes.

Por cierto, un mes después del incendio, y derrotado el PRI en las elecciones estatales, Eduardo Bours, cínico hasta las cachas, dijo: ¿Cuánta gente hoy día puede dormir con la satisfacción del deber cumplido, de la congruencia, de la lealtad? Yo duermo como bebito, como niño, porque me mantengo en los fundamentos y eso, al final del día, es lo importante de todo.

Pues bien, una década después la Fiscalía General de la República reactiva el expediente de la guardería ABC, y quien duerme como bebito aparece en la investigación, junto con los parientes de la dupla Calderón-Zavala y demás dueños de la mencionada guardería ABC.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, lo detalló así: Consideramos incorporar (en el expediente) a los particulares, porque no puede haber justicia si no se incluye a los grandes dueños de esta guardería. Lo que estamos pidiendo en la investigación es que se consideren los elementos del proyecto del ministro (Arturo) Zaldívar (Lelo de Larrea), que desafortunadamente (en su momento) se votó en contra (por los otros ministros) y fue lo que imposibilitó que se diera la investigación. Lo que no queremos, y nos lo dijo el Presidente, es que esto se convierta en un asunto que se politice. Es justicia, no propaganda.

Las rebanadas del pastel

Y ¿qué le dirá Germán Larrea al presidente López Obrador?: Sí, soy tóxico, pero nada más tantito?

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