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Lesiones, homicidio y desaparición

Guanajuato: policías de cinco municipios panistas, las más denunciadas por abusos

En cuatro años se iniciaron 845 investigaciones; omiten la cifra de sentenciados

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▲ Policías de varios municipios de Guanajuato han sido denunciados penalmente y ante instancias de derechos humanos por delitos que van desde abuso de autoridad hasta asesinatos.Foto Carlos García
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 2 de septiembre de 2019, p. 32

León, Gto., Las policías de los ayuntamientos panistas de León, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende y Silao son las corporaciones que más denuncias penales y quejas enfrentan en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) por delitos que van desde lesiones hasta homicidio y desaparición forzada.

De 2015 al 28 de julio de 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) integró 845 carpetas de investigación contra agentes municipales y la PDHG inició mil 290 expedientes de queja, de acuerdo con las unidades de transparencia de dichas dependencias.

Del total de las carpetas, sólo en 91 se ha ejercitado acción penal; es decir, la FGE llevó al inculpado ante un juez, pero se desconoce en cuántos casos se emitieron sentencias condenatorias, porque ese dato no fue entregado por la fiscalía ni por el Poder Judicial de Guanajuato.

Las investigaciones contra policías han sido por lesiones, homicidio, abuso de autoridad, abuso de confianza, allanamiento, amenazas, daños, despojo, desaparición forzada, ejercicio arbitrario del propio derecho, falsedad ante autoridad, falsificación, fraude, tortura, robo, proporcionar información a criminales y evasión de detenidos, entre otros, acotó la FGE en respuesta a la solicitud de información 02008219.

En 2015 la FGE recibió 171 querellas contra efectivos municipales; en 2016, 159; en 2017, 168; en 2018, 201, y de enero al 28 de julio de 2019 suman 146.

La lista de denuncias es encabezada por la policía de Irapuato, con 199; le siguen Guanajuato, con 136; Celaya, 85; León, 56; San Miguel de Allende, 39; Cortazar, 29; Silao y San Felipe, 28 en cada caso; Salamanca, 18, y Dolores Hidalgo, 17.

Con la solicitud 02008019, La Jornada pidió al Poder Judicial el número de juicios contra policías, los delitos de los cuales se les acusó, así como el número de sentencias y las penas emitidas. La Unidad de Transparencia no entregó datos argumentando: Por la brevedad del tiempo de respuesta, no es posible obsequiarle la información con ese nivel de detalle, toda vez que en los sistemas de control de expedientes no se trata de campos obligatorios de captura.

Por su parte, la PDHG integró en 2015 un total de 354 quejas contra policías municipales; en 2016, 283; en 2017, 305; en 2018, 211, y de enero a junio de 2019, 137.

La mayoría de las quejas son por lesiones o violación al derecho a la integridad física, con 438 expedientes, detalló la Unidad de Transparencia de Derechos Humanos en respuesta a la solicitud de información 02008119.

La PDHG ha recibido quejas por homicidios cometidos por policías, por arrestos arbitrarios, ejercicio indebido de la función pública, uso excesivo de la fuerza, trato indigno, allanamiento de morada, robo, amenazas, daños, tortura, cohecho, tratos crueles y violencia sexual, entre otros ilícitos.

De las mil 290 quejas del periodo en mención, en 323 se comprobaron violaciones a los derechos humanos que derivaron en recomendaciones para las respectivas autoridades municipales.

La policía de León fue la más denunciada ante la PDHG, con 357 quejas, seguida por la de Irapuato, con 228; Celaya, 181, y San Miguel de Allende, con 84. Todos estos municipios son gobernados por el Partido Acción Nacional.

El pasado 9 de agosto policías de León propinaron una golpiza a Marco Antonio Reyes Ornelas, de 23 años de edad, quien lleva más de dos semanas hospitalizado, informó su madre, Leticia Ornelas Buso, quien aseguró que su hijo ahora padece insuficiencia renal.

Narró que agentes federales arrestaron a Marco Antonio porque estaba tomando en la calle y para dejarlo ir le pidieron 2 mil pesos. Como no entregó el dinero, hablaron a la policía local, que lo arrestó, lo golpeó y lo encerró, pero por sus lesiones un juez cívico ordenó que fuera hospitalizado.