Cancún, QR. En medio de acusaciones de corrupción y nexos con la delincuencia, el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Quintana Roo, Javier Ocampo García, fue separado del cargo, y Enrique Pérez García, fiscal de esa dependencia, fue detenido por orden de un juez de primera instancia. Apenas el viernes pasado, la subdelegada Bertha Reyes renunció.

Fuentes oficiales revelaron que Pérez García fue aprehendido el sábado por la mañana en Cancún y trasladado a las oficinas centrales de la FGR, en la Ciudad de México.

A principios de agosto pasado Pérez García y Bertha Reyes fueron acusados en una manta colgada en un parque de la ciudad, supuestamente firmada por el cártel Jalisco Nueva generación, de violar acuerdos, y los amenazaron: O nos cumplen o los vamos a reventar.

En mayo pasado los abogados del bar Dassan Golden Palace, en la zona hotelera, acusaron en conferencia de prensa al delegado Javier Ocampo García y a sus fiscales de incurrir en corrupción al clausurar ese centro nocturno.

Se presume que el establecimiento es propiedad de Isidro Santamaría Casanova, ex dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Quintana Roo, quien el 26 de julio fue aprehendido por la FGR acusado de trata de personas.

Los abogados del centro nocturno también acusaron al fiscal Enrique Pérez García y a otros agentes federales de robar artículos de valor del inmueble durante el cateo.

Otros empresarios, entre ellos Florian Tudor y Chakib Naif, aseguraron que el delegado de la FGR utilizaba a sus fiscales para extorsionarlos y saquear sus negocios en los cateos.

Ocampo García rindió protesta a finales de julio de 2018. Durante su gestión aumentaron las ejecuciones en la entidad, principalmente en Cancún y Playa del Carmen.

En 2018 se reportaron más de 550 asesinatos que tendrían relación con la delincuencia organizada, mientras en 2019 suman 450.

Según empresarios, las extorsiones van en ascenso, lo que ha propiciado el cierre de decenas de negocios, sobre todo en los dos destinos turísticos mencionados.

Nuevamente la delegación de la FGR en Quintana Roo está bajo investigación, pues en diciembre de 2004 Miguel Ángel Hernández Castrellón, delegado de la entonces Procuraduría General de la República, fue arrestado, junto con nueve elementos de la Agencia Federal de Investigación acusados de permitir el narcomenudeo y de ejecutar a 12 personas.

Fuentes oficiales que pidieron anonimato advirtieron que la ola delictiva en Quintana Roo es provocada por bandas locales, nacionales y de las mafias rusa, israelí y rumana, además de grupos de cubanos, colombianos y venezolanos.

Todos ello se dedican al narcomenudeo, narcotráfico, trata de personas, secuestro, pornografía infantil, ejecuciones y cobro de derecho de piso, entre otros delitos.

Atribuyeron el aumento de la delincuencia a la detención de Leticia Rodríguez Lara, Doña Lety o La 40, ex policía federal que era lideresa del cártel de Cancún.

Cuando sus cómplices se quedaron sin jefa se reagruparon en células aún más sanguinarias para ganar espacios, incluso haciéndose pasar por miembros de los cárteles Jalisco Nueva generación, Los Zetas o de Sinaloa.

Los entrevistados sostuvieron que el cóctel delictivo de la entidad es muy complejo, porque los propietarios de los negocios de la Quinta Avenida, en Playa del Carmen, y los antros de Cancún pagan derecho de piso o son obligados a vender drogas.

En Chetumal, añadieron, grupos de colombianos, cubanos y venezolanos obligan a los comerciantes a contratar con ellos préstamos que se vuelven insostenibles, por lo cual los obligan a entregar sus ganancias, y cuando no pagan les incendian negocios o vehículos.