a historia de nuestros conflictos políticos ha estado marcada por las acusaciones de fraude. Esto no es nuevo. En el lejano año de 1828 la competencia entre Guerrero y Gómez Pedraza llevó al primero a rechazar los resultados y a encabezar un movimiento. La República reprobó su primera prueba, como dice Josefina Z. Vázquez. El fraude electoral y las descalificaciones de los procesos son una constante en toda la historia de México; es una práctica de las élites del poder que merece un estudio especial, una indagación sobre su naturaleza.

En fechas recientes han brillado señales positivas para la democracia. En 2018 fue contenida la maquinaria que desde el poder orquestaba el fraude y las elecciones presidenciales no fueron impugnadas. Los perdedores reconocieron su derrota. En 2019 las elecciones en seis entidades de la República fueron pacíficas y todas las fuerzas políticas ganaron y perdieron sin descalificaciones.

Sin embargo han aparecido síntomas preocupantes: los principales partidos políticos, PRI, PAN, Morena y PRD han tenido procesos internos complicados y los perdedores no sólo se han negado a aceptar los resultados, sino han descalificado los procesos.

Han denunciado la compra y coacción de voto, violencia hacia los participantes, embarazo de urnas, descalificación de las convocatorias (postelección) y hasta batallas campales componen los hechos recientes al interior de los más importantes institutos políticos.

Estamos perdiendo la gran oportunidad de consolidar la democracia. En los comicios de 2018 y 2019 mencionados los gobiernos no intervinieron ni propiciaron fraudes como es frecuente, pero dentro de los partidos reaparecen, como si fuera una inercia fatídica, las prácticas tramposas y las descalificaciones. Es como si una segunda naturaleza maligna se impusiera en la cultura política mexicana.

Colaboró: Mario Antonio Domínguez.