unca se habían visto tan diligentes y eficaces algunos jueces federales como ahora que han tramitado amparos –dicen que 80, podrían ser más– para detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Aunque llegaran a mil, todos podrían quedar acumulados en un solo expediente, si así lo deciden las altas jerarquías del Poder Judicial. Los hila una motivación de carácter político, torpedear una obra clave del programa de gobierno. Detrás de los amparos aparece el paraguas #Nomasderroches, al que está dando aliento el tempranero aspirante a la Presidencia de la República, Gustavo de Hoyos, quien es, al mismo tiempo, presidente de la Coparmex. Un dato: en el prianismo los directivos de los organismos cúpula eran premiados con cargos muy bien pagados como recompensa por ‘los servicios prestados’, el caso más reciente fue el del cesante Gerardo Gutiérrez Candiani, que recibió de Peña Nieto la costosa entelequia que tenía a su cargo las Zonas Económicas Especiales. Eso se acabó con el nuevo gobierno, y uno de los damnificados es Gustavo de Hoyos, no lo premiaron ni con una diputación, así que anda buscando la chuleta de otra manera. Otro de los promotores es Claudio X. González Laporte, quien comparte con su padre una fobia enfermiza hacia todo lo que se relacione con López Obrador. Y eso desde la época de Salinas de Gortari. No habrían prosperado los amparos, porque al parecer los promoventes carecen de un interés jurídico directo en la obra, si no contaran con el apoyo de jueces que han visto amenazado sus ingresos con la iniciativa presidencial de bajarlos a menos de 108 mil pesos mensuales. Hay que tener claro que se trata de una embestida de carácter político contra el gobierno de López Obrador, en la que no cuentan ni la ecología ni los derechos de los habitantes de la comarca donde se asentará el aeropuerto. Es una nueva manera, también rara, de hacer política: no pueden ganar votos pero si ganar amparos.

Bonillazo, nuevo capítulo

El empresario millonario y gringófilo que quiere gobernar cinco años Baja California, aunque sólo fue electo por dos años, acaba de lanzar un nuevo rollo, no se le puede llamar de otra manera. Sabe que la Suprema Corte fallaría en contra de la reforma a la Constitución local que fue modificada para ampliar la duración del periodo de gobierno, porque choca de frente con la Constitución General de la República. ¿A que no creen que se le ocurrió? Una consulta pública. Quiere que la gente vote para que se quede cinco años. Ya el presidente del recién instalado Congreso estatal, dominado –¡que pena¡– por Morena, Catalino Zavala Márquez, dio a conocer la propuesta ‘para que se garantice un espacio que permita la expresión de los bajacalifornianos y se fije una postura que represente el sentir de la ciudadanía’. A ver, díganle a Catalino que lo que quiere hacer no borra la violación a la Constitución General, sólo le añade otra. No puede ampliarse un periodo de gobierno mediante consulta pública. Por cierto, anda perdido el expediente de la reforma.

Baja la inflación

La inflación interanual de México se desaceleró más de lo esperado en la primera quincena de agosto, según el Inegi, reforzando expectativas sobre nuevos recortes de la tasa clave de interés por parte del Banco de México. Disminuyó este mes la tasa clave de interés a 8 por ciento por primera vez en cinco años, citando menores presiones inflacionarias aunque advirtió mayores riesgos para el crecimiento económico en un entorno incierto.

Ombudsman Social

Asunto: Suspensión de medicamento para cáncer

Solicito de su valiosa ayuda para ver si me pudieran seguir proporcionando el medicamento Leuprorelina, solución inyectable de 22.5 mg. Que hasta el mes anterior se me suministraba en el Hospital General de México con el Seguro Popular, pero me informan que ya no tengo derecho al mismo. Tengo 84 años, padezco cáncer de próstata de alto riesgo, y el medicamento es demasiado caro para mis posibilidades.

Luis Quiroz Paredes/CDMX

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Y pese a todo, #SantaLucía tarde o temprano se concretará porque las prioridades de México se impondrán a la batalla legal que promueven diversos actores polítios.

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