Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitaron al gobierno federal interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la llamada ley garrote en Tabasco, y en caso de que no exista voluntad para presentar ese recurso, explicar cómo propone garantizar que esa norma no se aplique en violación de los derechos humanos.

En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, tres relatores especiales del organismo manifestaron su preocupación por las modificaciones al Código Penal de esa entidad, debido a que la intervención es excesiva en sus consecuencias y en su limitación al disfrute de derechos.

Señalaron que esa norma puede tener un efecto negativo en quienes defiendan sus derechos, en particular los habitantes de comunidades indígenas afectadas por megaproyectos, que podrían ser sancionadas con prisión por ejercer su derecho a manifestarse.

La misiva, fechada en Ginebra, fue firmada por los relatores especiales sobre libertad de expresión, David Kaye; sobre derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule, y sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forts.

Los tres se dijeron extrañados por el escaso debate y la falta de consulta previa sobre la ley, que castiga con prisión a quienes impidan la ejecución de obras públicas y endurece las penas por bloquear vías de comunicación.

Los expertos advirtieron que la reforma criminaliza las protestas sociales y recordaron que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU (ratificado por México) estipula las causales legítimas para restringir los dos derechos mencionados: la protección de la seguridad nacional, del orden público, de la salud pública o la moral, y en el caso de la libertad de expresión, el respeto a los derechos o a la reputación de otros.

En este contexto, la asociación civil Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) llamó al ombudsman estatal a interponer una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra la ley garrote y no lavarse las manos con una consulta popular en redes sociales.

Afirmó que las reformas son una medida disfrazada para reprimir a la población cuando decida protestar, sobre todo en esta entidad, donde continuamente Petróleos Mexicanos contamina propiedades de los productores y se niega a pagar.

El Codehutab informó que entregó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos su argumentación jurídica para que determine si presenta dicho recurso ante el máximo tribunal del país. La fecha límite es el 10 de septiembre.

La directora del organismo, Leonor Ramírez, criticó al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Pedro Calcáneo, quien eludió su obligación de representar los derechos de los ciudadanos. Además, señaló que la consulta en redes sociales excluye a habitantes de comunidades rurales sin acceso a Internet.