La Jornada del Campo

Texto elaborado a partir del análisis general del geovisualizador para la Península de Yucatán: Flores Adrián y Deniau Yannick. 2019. El megaproyecto para la península de Yucatán. México: GeoComunes / Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible Edición: Gerardo Suárez

En los pasados 30 años, cuatro sectores económicos han crecido más allá de las necesidades de las poblaciones de la Península de Yucatán: inmobiliario, turístico, agroindustrial y energético. Su expansión responde a los intereses de las empresas que los lideran y se opone tanto a la reproducción y mantenimiento de la base de recursos naturales en la región como a la calidad de vida de sus habitantes.

Para documentar este fenómeno el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y Geocomunes elaboraron una herramienta de visualización cartográfica que permite analizar la magnitud de lo que está ocurriendo en la Península de Yucatán y del problema que enfrentan sus habitantes. El visualizador permite observar las interacciones entre distintos megaproyectos, y el avance paulatino de los mismos sobre los ecosistemas y territorios indígenas y campesinos de la región.

Si bien anteriormente los impactos socio-ambientales en la Península estaban vinculados exclusivamente a ciertos polos de desarrollo, como Cancún, Quintana Roo, o Ciudad del Carmen, Campeche, actualmente, los megaproyectos y un conjunto de políticas públicas relacionadas con la propiedad social de la tierra y el fomento a la producción intensiva agroindustrial en el campo están provocando un proceso generalizado de des-ruralización que atenta contra la permanencia de las comunidades campesinas mayas y contra la salud de ecosistemas únicos.

En la Península está claro que cuando la inversión en un sector deja de ser rentable, el capital transita hacia otros sectores. Así ocurrió cuando la crisis del sector agrícola (madera, chicle y henequén) redirigió las inversiones hacia el turismo y a la agroindustria de la soya transgénica, el sorgo y la palma de aceite.

El gran capital aumenta sus ganancias moviéndose de un sector a otro, adecuando el territorio a sus necesidades y afectando las dinámicas sociales a través de ingenierías del conflico que permitan el acaparamiento de la riqueza. Todas estas transformaciones involucran la inversión y establecimiento de nueva infraestructura de transporte, energética y habitacional. El conjunto de estas adecuaciones, obras y planes configura un mismo megaproyecto que se expande por toda la península.

Cada parte de este proyecto a gran escala encuentra sustento en las leyes, instituciones y políticas de Estado. El primer ciclo de expansión urbana fue posible gracias a la incorporación del suelo ejidal al desarrollo urbano impulsado por la Ley Agraria de 1992 y la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) de 1993. La nueva LGAH de 2016 ha favorecido un segundo ciclo de expansión urbana, de naturaleza vertical, con base en el modelo de ciudad compacta.

El turismo fue favorecido a partir de 1974 con la creación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría de Turismo en 1975, pero fundamentalmente, por la creación del Centro Integralmente Planeado de Cancún. Un segundo ciclo expansivo se consolidó a partir de la creación del Corredor Turístico de la Riviera Maya en 2000.

La reforma del sector eléctrico en 1993 que permitió la generación privada de energía eléctrica impulsó una primera expansión de la capacidad de generación; veinte años después, la Reforma Energética de 2013 y principalmente la subasta eléctrica de 2016 impulsan el auge de la producción de energía renovable en manos de la inversión extranjera.

Complementariamente, la privatización de ingenios azucareros de 1988 contrajo la producción agroindustrial hasta 2001, cuando fueron expropiados por el Estado. Un nuevo ciclo agroindustrial inició en 2011, con la creación del Proyecto Transversal Trópico Húmedo y el fomento a cultivos agroindustriales como la soya transgénica, que inició en ese año su fase experimental y que hasta el presente se cobró más de la mitad de los terrenos forestales del municipio de Hopelchén, Campeche. También se cuenta con el Proyecto estratégico de palma de aceite de 2016.

La dinámica conjunta de los cuatro sectores contemplados en el geovisualizador requiere de una infraestructura de comunicaciones y transporte consolidada y diversa, que otorga coherencia territorial a este conjunto de proyectos de inversión. El turismo, la expansión urbana, el agronegocio y la industria son articulados por autopistas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos que facilitan el traslado de combustibles, personas y mercancías. A su vez los gasoductos y las líneas de transmisión eléctrica transportan la energía necesaria para el funcionamiento de estos sectores. La construcción de cada nuevo proyecto es precedida por una expansión previa de la infraestructura de transporte de personas, mercancías y energía.

El Tren Maya expresa un nuevo impulso a la expansión urbana, turística, agroindustrial e industrial. Constituye un freno a la expansión del proyecto vial de la península de Yucatán, y al mismo tiempo la continuación de la consolidación de los corredores troncales proyectados desde 2006: el corredor México-Puebla-Progreso y el Peninsular de Yucatán. Por un lado, la ampliación de la oferta de transporte turístico y la creación de polos de desarrollo inmobiliario en cada estación fomentarán la expansión del tsunami turístico-inmobiliario hacia nuevos territorios. Por otro, el tren de carga asociado al proyecto turístico del Tren Maya, expandirá e intensificará el modelo actual de agroindustria exportadora.

También en este ramo los megaproyectos avanzan, imparables. Antes de la reforma energética del 2013 la generación eléctrica en la península se basaba en centrales de generación térmica. En 2016, con la primera Subasta de Largo Plazo se autorizaron cuatro proyectos de generación de energía eólica y cinco de energía solar. Además, Semarnat y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) autorizaron otros diez proyectos (3 eólicos y 7 solares), a los cuales se le suman otros diez proyectos (7 eólicos y 3 solares) con autorizaciones pendientes.

La superficie que ocuparían los proyectos autorizados sería de 10 mil ha para parques eólicos y de 3,8 mil ha para parques fotovoltaicos, de los cuáles el 30% está ubicado en tierras ejidales (4 mil ha). Estos proyectos generan impactos ambientales, sociales y culturales, que pretenden ser ocultados mediante estrategias de desinformación y engaño a las poblaciones locales, además de la promoción de las “bondades” de la energía limpia, como si el modelo de negocio no fuera por sí mismo depredador y estuviera contribuyendo al despojo de los territorios que pertenecen a comunidades y ejidos de la región.

Los textos que se reúnen en este número de La jornada del campo ilustran a detalle algunos de los procesos que se están dando de manera simultánea en la Península: el descontrolado uso de agroquímimos en Holpechén; la agroindustria para producir diversos cultivos de interés comercial; el modelo de turismo excluyente y depredador, entre otros. •