¿Cómo caminar hacia la
sostenibilidad energética?

Elaborado por Adda Ramírez, con información del Geovisualizador de la Península de Yucatán, disponible en los vínculos: https://ccmss.org.mx/VisualizadorPeninsulaYucatan/ y http://geocomunes.org/Visualizadores/PeninsulaYucatan/

Ante el agotamiento de los recursos petroleros en nuestro planeta y, sobre todo, el incremento desmedido de gases de efecto invernadero que originan el actual cambio climático global, la búsqueda de alternativas energéticas se hace una tarea primordial del siglo XXI. Han sido dos siglos de explotación de minas de carbón, logrando la Revolución Industrial y el actual repunte del poderío económico de China. Ha sido un siglo de explotación desmedida de pozos petroleros, catalizando un avance tecnológico nunca visto en la historia de la humanidad. De manera paralela han crecido también la urbanización de la población, la desigualdad entre los habitantes del planeta y la depredación del medio ambiente; estos efectos ponen en jaque el mantenimiento de la biodiversidad y del mismo ser humano.

En un esquema ideal, la transición energética de un sistema centralizado basado en combustibles fósiles a otras fuentes alternativas de energía debe considerar no sólo los factores económicos sino también los efectos sociales y ambientales para considerar un verdadero desarrollo sostenible. Este tipo de desarrollo debe incluir un esquema que contemple un marco de justicia ambiental, es decir, un equilibrio entre beneficios locales y globales, y entre generaciones pasadas, presentes y futuras. Además, el uso de fuentes alternativas permite una descentralización del sistema energético, lo que lleva a un proceso donde los ciudadanos podemos participar más activamente en la gestión de la energía y en la valoración de su consumo promoviendo un uso más eficiente.

En México, el aprovechamiento de los combustibles fósiles ha permitido un desarrollo económico nacional importante, pero a costa de varios efectos ambientales y sociales. El agotamiento de estos recursos ha obligado al gobierno federal a una búsqueda de otras alternativas energéticas. Aunque la Reforma Energética de 2013 estuvo orientada principalmente a la privatización de la industria petrolera, poco a poco se ha ido filtrando la transición energética, pero con una orientación sesgada hacia proyectos privados de generación de electricidad. Es decir, no se consideran procesos de eficiencia energética, ni otros sectores energéticos distintos al de la electricidad (como el transporte y la energía calorífica), ni esquemas comunitarios o de generación distribuida.

La nueva legislación considera compromisos socioambientales para este tipo de proyectos, como la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), la Evaluación de Impacto Social (EvIS), la Consulta Indígena (previa, libre e informada) y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE); sin embargo, la omisión o mala aplicación de estos compromisos ha generado riesgos socioambientales en territorios con un alto potencial energético. Tal es el caso de la Península de Yucatán, que cuenta con recursos solares, eólicos y de biomasa, los cuales han sido poco explorados en un esquema de desarrollo sostenible.

Actualmente Yucatán se enfrenta a más de 20 proyectos fotovoltaicos y eólicos de gran escala, que por sus características amenazan el tejido social (principalmente maya y rural) y la fragilidad ambiental del territorio.

Estos proyectos energéticos han sido autorizados cada uno de manera individual por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que no consideran impactos acumulativos y sinérgicos con los demás proyectos energéticos o de otra índole (como la agroindustria, el turismo, la expansión urbana o incluso el proyecto de tren peninsular del actual gobierno federal). Una manera de considerar de manera integral el conjunto de proyectos propuestos es a través de la EAE, una metodología que ha resultado exitosa en programas y planes de desarrollo de territorios que pueden ir desde una ciudad hasta un país o varios. La EAE incluye un proceso participativo multiactor dentro de un marco de transparencia de información, considera distintas opciones de desarrollo para elegir la que más convenga socioambientalmente a la región, de acuerdo con su capacidad de carga y las necesidades locales.

Aunque la EAE es una obligación de la Semarnat para regiones con alto potencial energético, según el artículo 19 de la Ley de Transición Energética (2015), lo cierto es que hasta la fecha no se ha cumplido esta obligación y sí, en cambio, se ha aceptado la documentación correspondiente a la EIA, la EvIS y la Consulta Indígena, siendo estas dos últimas responsabilidad de la Secretaría de Energía (Sener). Es decir, siendo la Sener la impulsora de estos proyectos eólicos y fotovoltaicos, se convierte en juez y parte al encargarse de revisar la EvIS y organizar la Consulta Indígena de estos proyectos. Como también puede observarse, las evaluaciones de índole ambiental y las sociales se hacen de manera separada y poco integrada. La EAE permitiría revisar de manera holística las interacciones socioambientales con las económicas, para definir una transición energética orientada al desarrollo sostenible. Aún más allá de proyectos energéticos, la EAE podría servir para definir el tipo de proyectos posibles y privilegiar el bien común en lugar de intereses privados.

Como se ha dicho antes, la EAE puede convertirse en una oportunidad de ir más allá de proyectos de generación eléctrica, que considere otros tipos de proyectos que, de manera sinérgica, contribuyan al desarrollo regional. Los primeros pasos de la EAE están basados además en los Programas de Ordenamiento Ecológico y Territorial, como es el caso del POETY y el POETCY, instrumentos del gobierno del estado de Yucatán que fueron desarrollados en 2007, pero que no han sido actualizados a través de un proceso participativo de los habitantes de cada uno de los territorios. De esta manera, la actual Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno del estado de Yucatán podría iniciar la actualización de estos Programas de Ordenamiento, mientras que la Semarnat puede utilizar éstos como insumo para desarrollar una EAE y asegurar una transición energética sostenible regional.•

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