Una Península altamente agrotóxica

En 2014 comenzaron las fumigaciones aéreas en Hopelchén. En estos vuelos se arrojan mezclas de plaguicidas, lo que aumenta su toxicidad. Robin Canul

Los estados de la república mexicana que conforman la Península de Yucatán (PY) se distinguen  a nivel nacional e internacional por su diversidad de flora y fauna, sus paisajes kársticos representados principalmente por cavernas y cenotes, su riqueza arqueológica y su milenaria cultura maya que persiste hasta nuestros días, en un ambiente de alta vulnerabilidad ante fenómenos climatológicos, como huracanes, y ante la exacerbada contaminación de sus recursos hídricos debido a diversas actividades humanas: agrícola, pecuaria, desarrollos urbanos e industriales, entre otras.

En años reciente ha crecido la demanda de aceites y grasas de origen vegetal así como el procesamiento de sus subproductos para la elaboración de alimento destinado a la producción pecuaria, por lo que el impulso al monocultivo extensivo de oleaginosas, principalmente soya, maíz y sorgo, ha requerido expandir la frontera agropecuaria. El combate y control de plagas, enfermedades y malezas ha intensificado el uso y abuso de plaguicidas, generando contaminación de las reservas geohidrológicas, poniendo en riesgo la biodiversidad, particularmente a las especies nectapoliníferas importantes para la actividad apícola, y demás polinizadores, e impactos negativos en la salud humana.

Grandes cantidades de plaguicidas son aplicados en la PY. Los más empleados son: glifosato, paraquat, 2,4-D, imidacloprid, cipermetrina, clorpirifos, abamectina, metamidofos y  endosulfán. Un estudio llevado a cabo por Polanco et al. (2014) en el cual se determinaron residuos de plaguicidas organoclorados en agua de 20 cenotes en el denominado “anillo de cenotes”, reportó la presencia principalmente de endosulfán, DDT y hexaclorociclohexanos (HCH).

En 2016 el Instituto EPOMEX de la Universidad Autónoma de Campeche, con el apoyo de Greenpeace México, analizó residuos de plaguicidas en cinco cenotes, tres de Yucatán, uno de Quintana Roo y uno de Campeche, encontrando límites mayores a los permitidos de endrín cetona, un producto de degradación del endrín, en tres cenotes, y DDD, producto de degradación del DDT, en un cenote. A pesar de la importancia de los cenotes, se carece de un sistema de monitoreo de la calidad del agua por contaminación derivada de plaguicidas, concluye el estudio.

La agricultura en la PY presenta un incremento continuo del uso de agroquímicos en sus sistemas de producción, siendo las hortalizas y los cítricos los que más intensivamente los utilizan, seguidos por el del maíz, soya y la ganadería. Entre los ciclos agrícolas de 1989-90 se usaron 606.8 toneladas de agroquímicos en Yucatán; para el ciclo 1995-1996 se usaron cerca de 2 mil toneladas. Para el año 2005 el consumo de plaguicidas había aumentado a cerca de 4800 toneladas.

A partir de un diagnóstico impulsado por organizaciones de apicultores y la sociedad civil sobre el uso de plaguicidas en municipios de los estados de Yucatán (Chacsinkín, Chankom, Tixcacalcupul, Tixméuac y Tekax) y Campeche (Calkiní y Hopelchén), realizado durante los primeros meses de 2015, se encontró que el uso de herbicidas está generalizado entre los agricultores de todas las regiones.

La situación es preocupante. De los 74 plaguicidas (ingredientes activos) encontrados en 20 comunidades de los estados de Yucatán y Campeche (7 municipios), 44 están clasificados como altamente peligrosos, según los criterios de Pesticide Action Network (PAN, 2016), y 33 están prohibidos en otros países, de acuerdo con la lista de PAN (2017).

En los estados de Yucatán y Campeche diversos programas gubernamentales impulsan el uso de plaguicidas en la agricultura campesina. Los primeros plaguicidas usados por los productores de estas dos regiones llegaron a través de estos programas hace varias décadas. En la Agenda Técnica Rural para Yucatán 2017 recomendaba el uso de al menos dos neonicotinoides dañinos para las abejas, prohibidos o restringidos en la Unión Europea: imidacloprid, y thiamethoxam; así como el insecticida fipronil, tóxico para abejas, junto con el potencialmente cancerígeno herbicida glifosato. Para Campeche, se sugería el uso de los mismo productos que para Yucatán, salvo el fipronil.

Más fumigaciones aéreas: el caso de Hopelchén, Campeche

Desde el 2014 se comenzaron a registrar vuelos de avionetas sobre cultivos de soya para la fumigación con plaguicidas en grandes extensiones de terrenos privados en el poniente del municipio de Hopelchén (colindantes con la comunidad de San Francisco Suc-Tuc). Estas fumigaciones aéreas se han incrementado y para el 2017 se registraron en casi todo el territorio municipal, principalmente en cultivos de soya, pero también en sorgo y arroz. Los plaguicidas que se utilizan en las fumigaciones aéreas son diversos y es común que se apliquen mezclados, lo cual aumenta su peligrosidad. Entre otros productos detectados, se está aplicando glifosato junto con plaguicidas de alta peligrosidad como: malatión, cipermetrina, imidacloprid, lambda-cyalotrina, metamidofos, clorantraniliprol, paraquat.

Las autoridades federales han sido omisas en vigilar y sancionar las fumigaciones aéreas ilegales, existiendo un nulo control de las avionetas que pasan cerca de las comunidades,  rociándolas con agroquímicos, omitiendo la aplicación de medidas sanitarias o fitosanitarias adecuadas, provocando no solo que los habitantes perciban el olor de los químicos sino que algunos reporten dolor de cabeza, mareos y vómito. El riesgo para la salud humana es muy grande. Se observan también graves daños en la apicultura y las selvas de los ejidos que colindan con las áreas fumigadas, además de la contaminación de los recursos hídricos.

Algunas soluciones

El 8 de enero de 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación No 82/2018 condenando la mala gestión de los plaguicidas en México, en particular aquellos clasificados como altamente peligrosos, por parte de autoridades involucradas en la protección a la salud y el medio ambiente, lo que vulnera la protección de los derechos humanos de la población como es la salud, la alimentación, el agua libre de tóxicos y el medio ambiente sano. Por fortuna, las autoridades federales asumieron el compromiso de cumplir todas y cada una de estas recomendaciones. Estamos vigilantes.

Los estados peninsulares requieren establecer un diálogo permanente y mecanismos de coordinación y colaboración con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como las secretarías estatales de Desarrollo Rural, Salud y Medio Ambiente, a fin de avanzar en la eliminación progresiva de plaguicidas de alta peligrosidad, incluyendo los que afecten a las abejas y otros polinizadores. La cancelación de apoyos y subsidios gubernamentales para esta clase de plaguicidas debe ser decretada de inmediato, así como las fumigaciones aéreas realizadas al margen de la ley.

Fortalecer la fabricación y el uso de bioinsumos en la producción agrícola y el fomento de prácticas agroecológicas, así como acciones de concientización sobre la importancia de la protección de las abejas para la agricultura son vitales para transitar hacia otro modelo de producción y consumo  de alimentos sanos y sustentables.•

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