Durango, Dgo., Ejidatarios de El Tunal, municipio de Durango, encabezados por Valentín Amaya, reclamaron ayer el pago de nueve hectáreas utilizadas para un tramo de la autopista Durango-Mazatlán, minutos después de que unos 100 campesinos de cinco ejidos desocuparon la primera caseta de cobro de esa vía, luego de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) les pagó 60.6 millones de pesos por 200 hectáreas.

Justo cuando se levantó el plantón que los habitantes de cinco ejidos mantuvieron desde el 10 de diciembre de 2017, Amaya se acercó a José Aispuro Torres, gobernador de Durango, y Alberto Godoy Chávez, coordinador regional de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) para exigir el pago.

Valentín Amaya dijo que hace 20 meses ellos no se sumaron a la toma de la caseta porque quisieron hacer las cosas por la vía legal.

Ninguno de los dos funcionarios sabía de este otro ejido que exige indemnización; tampoco Sergio Dévora, director local de la SCT, ni Gustavo Pedro Cortés, coordinador de programas sociales del gobierno federal en Durango. No obstante, los dirigieron con Dévora y Adán Alanís Quiñones, secretario estatal de Gobierno.

No tenemos monto, pero son nueve hectáreas del ejido que fueron usadas en la autopista, dijo el comisario ejidal.

Los ejidatarios que el martes recibieron el pago por sus tierras expropiadas en 2004 dijeron que usarán el dinero para evitar que su ganado muera por la sequía.

En tanto, Godoy Chávez señaló que durante los 20 meses que duró la toma de la caseta Capufe dejó de percibir 112 millones de pesos. Sólo de junio al 13 de agosto dejaron de ingresar 18 millones, precisó.

Raúl Sarmiento, el ejidatario que inició la toma de la caseta, reconoció que sus compañeros cobraban 50 pesos a cada vehículo, pero no todos pagaban. Dijo que llegaron a recolectar alrededor de 50 mil pesos diarios, por lo que en los cerca de 600 días que duró la protesta obtuvieron aproximadamente 30 millones de pesos.

Ese recurso sirvió, aseguró, para la alimentación de los cerca de 100 manifestantes, a quienes además se pagaban 300 pesos por día de vigilancia y se compraron medicamentos.