La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México inhabilitó por 20 años al ex secretario general del sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino, Ismael Figueroa Flores, y le impuso una multa de 182 mil 700 pesos.

Lo anterior, señalaron fuentes del gobierno capitalino, como resultado del procedimiento de responsabilidades en el que se confirmaron irregularidades en el pago de servicios prestados por la corporación para la salvaguarda de instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal ubicadas en el municipio de Lerma, estado de México.

Se detectó, agregaron, que pese a que los recursos pagados por la dependencia federal iban dirigidos al cuerpo de bomberos, éstos fueron transferidos a la cuenta bancaria personal de Figueroa Flores, por lo que no se descarta que funcionarios de la anterior dirección general de la corporación hayan participado en dichas irregularidades, por lo que también se abrió una investigación.

Las fuentes consultadas señalaron que con esta sanción, Ismael Figueroa pierde su puesto como bombero y se le prohíbe el acceso a las instalaciones de los bomberos, donde no podrá laborar, así como en ningún cargo público, por un periodo de 20 años.

La resolución de la Secretaría de la Contraloría fue notificada ayer en el domicilio del inculpado, de quien se desconoce su paradero desde marzo pasado, luego de que se informó que además de presuntas irregularidades administrativas, también tiene abiertas carpetas de investigación en la Procuraduría General de Justicia local.

Por otra parte, la Contraloría informó que como parte de la investigación se detectó que ex funcionarios de la misma dependencia en la anterior administración coadyuvaron en la defensa de Ismael Figueroa, motivo por el cual se inició una indagatoria contra seis ex servidores públicos.

Hace poco más de un mes, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje retiró la toma de nota al comité del sindicato de bomberos, debido a que Figueroa no se presentó a ninguna de las tres audiencias a las que fue citado para que aclarara la supuesta falsificación de 11 firmas de trabajadores en activo, quienes lo reconocían como líder del gremio.