Bajo el mando de Rosario Robles, hoy en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla por el cargo de ejercicio indebido del servicio público, en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ocurrieron desvíos de recursos por más de 7 mil 600 millones de pesos, de acuerdo con estudios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Como se documentó en estas páginas, de la revisión de las cuentas públicas de 2013 a 2017 surgieron irregularidades con el mismo esquema, mediante el cual tanto la Sedesol como la Sedatu otorgaron una serie de contratos mediante adjudicación directa a universidades estatales y otros organismos públicos, que a su vez contrataron a empresas recién creadas y con registro comercial irregular, sin capacidad para realizar los trabajos encomendados.

Lo anterior ocurrió, además, al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el cual señala que “los contratos que celebren las dependencias con las entidades […] o con alguna dependencia perteneciente a una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación” de las normas que obligan a dar contratos mediante licitaciones públicas, no a través de adjudicaciones directas.

Un ejemplo de la forma en que ocurrían las triangulaciones financieras de las que advirtió la ASF es que en 2015 la Sedesol firmó un convenio por 319.1 millones de pesos con la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y de 136 millones con la Universidad Tecnológica del Sur del estado de México.

No obstante, en realidad los recursos se trasladaron a las empresas Integrasoft SA y Grupo Corporativo Integral Vazme, que a su vez los dispersaron con otras firmas, las cuales operaron ciento por ciento y 98 por ciento de los recursos que convino la secretaría con las universidades.

Otro episodio en el que estaría involucrada Rosario Robles como titular de la Sedesol, es el otorgamiento de contratos por parte de Diconsa a la Universidad Autónoma del Estado de México y al Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, nuevamente sin comprobar que tuvieran la capacidad suficiente para concretar el trabajo encomendado, lo que implicó un quebranto al erario superior a 378 millones de pesos.

El esquema se repitió en 2016, cuando la Universidad Politécnica de Tlaxcala firmó un convenio con la Sedatu que la obligaba a realizar diversos trabajos para esa dependencia, pero decidió llevar a cabo una serie de subcontrataciones con empresas privadas que no tenían capacidad para cumplir con las labores ni entregaron pruebas de haberlas efectuado, lo que habría generado un probable daño a la hacienda pública federal por más de 178 millones de pesos.

Todo lo anterior ha generado un total de 37 denuncias penales en las que se menciona a Rosario Robles como presunta involucrada, las cuales a su vez han dado lugar a 21 carpetas de investigación, de acuerdo con reportes de la Fiscalía General de la República, actualizados a mayo de este año.