Las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público Federal (MPF) por el desvío de más de 800 millones de pesos de las secretarias de Desarrollo Social (Sedesol, actual Secretaría de Bienestar) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entre 2014 y 2018, involucran a 60 ex funcionarios de ambas dependencias, se han iniciado cinco procesos penales y están en curso más de 20 investigaciones, de acuerdo con informes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre los funcionarios de mayor nivel de la administración federal señalados como responsables de desviar recursos mediante convenios firmados con las universidades de Morelos, Hidalgo, Chiapas, Quintana Roo, Zacatecas y estado de México, se encuentran Rosario Robles Berlanga, como secretaria de Estado, y el ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu Emilio Zebadúa.

Los reportes del MPF refieren que de octubre de 2015 a abril pasado se integraron 21 carpetas de investigación y se han obtenido seis vinculaciones a proceso. Como parte de las indagatorias, el Ministerio Público ha logrado que tres ex servidores públicos participen como testigos colaboradores, lo que ha permitido fortalecer las pruebas contra los imputados en el desvío de recursos millonarios a empresas fachada, la realización de obras inexistentes o la adquisición de bienes que no se entregaron.

Los testimonios de José Antolino Orozco Martínez, María del Carmen Gutiérrez Medina y Marcos Salvador Infante permitieron que el MPF acreditara que para llevar a cabo los desvíos de recursos se utilizaron tres domicilios ubicados en la Ciudad de México, donde el ex oficial mayor de la Sedesol Emilio Zebadúa dirigía la falsificación de documentos de supuestos convenios, se llevaba a cabo la suplantación de firmas en los convenios y se acordaba la transferencia ilegal de recursos.

Para la FGR que dirige Alejandro Gertz Manero y de acuerdo con las investigaciones que integró hasta mayo pasado el subprocurador Flipe de Jesús Muñoz Vázquez, en los desvíos se puso en marcha una maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones, que cuantificó un posible daño patrimonial a la nación por más de 5 mil 875 millones de pesos.

Asimismo, refirió Gertz Manero en mayo pasado, el daño patrimonial no pudo ser producto de sólo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros; por lo cual debió haberse investigado sobre la obvia premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público, ya que los elementos aportados así lo indican. Se trató de un delito encubierto en su momento posiblemente por diversas instancias públicas como Hacienda, Función Pública, Educación y otras más.

Además de Rosario Robles, existen otros cuatro servidores públicos vinculados a proceso. Por parte de la Sedatu, Enrique González Tiburcio, quien fue subsecretario, y Armando Saldaña Flores, ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo.

También están sujetos a proceso Juan de Dios Nochebuena, ex rector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, y Gerardo Ávila García, ex secretario de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.