Hoy continúa la audiencia inicial donde el juez de control del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo, determinará si decreta o no vinculación a proceso contra Rosario Robles, ex titular de la desaparecida Secretaría de Desarollo Social (Sedesol ), por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Julio Hernández Barros, abogado de la ex funcionaria, presentará argumentos de que no existió ninguna ilegalidad en la actuación de Robles Berlanga en los convenios entre las instituciones a su cargo con universidades públicas, que firmaron algunos de sus colaboradores.

La Fiscalía aún mantiene investigaciones abiertas por el esquema de simulación de operaciones, entre ellas los contratos y convenios que suscribió la Sedesol con la Universidad Autónoma del Estado de México, causando un probable desvío de 21 millones 177 mil pesos, y con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por más de 140 millones pesos, por mencionar algunos.

En la diligencia del jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a la ex funcionaria de actuar de manera dolosa, omisa y continua en su carácter de autora directa con las acciones de sus subalternos, principalmente de su ex oficial mayor, Emilio Zebadúa, y causar presunto quebranto a la hacienda pública por 5 mil 73 millones de pesos.

También los fiscales recordaron que por este caso de desvío de recursos, de seis funcionarios implicados la FGR sólo ha obtenido vinculación a proceso para dos: el ex subsecretario de la Sedatu Enrique González Tiburcio y el ex director general de Ordenamiento Territorial, Armando Saldaña Flores.

También han sido vinculados a proceso el ex secretario de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por el probable delito de uso indebido de atribuciones y facultades –al causar un supuesto quebranto a la hacienda pública por casi 23 millones de pesos–, y el ex rector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (del estado de Hidalgo) Juan de Dios Nochebuena, por uso ilícito de atribuciones y facultades, en la modalidad de dar una aplicación distinta a fondos públicos o hacer pagos ilegales con ellos, al firmar un convenio marco mediante el que presuntamente se desviaron 185 millones 839 mil pesos.