El dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el que responsabilizó al Estado mexicano de la desaparición forzada de Christian Téllez Padilla, en octubre de 2010 en Poza Rica, Veracruz, constituye un importante precedente para México, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El dictamen, dado a conocer el 5 de agosto en Ginebra, Suiza, sede del comité, requiere al Estado mexicano para que lleve a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias del caso de Téllez Padilla, además establece un plazo de 180 días, contados a partir de la fecha de la transmisión del propio dictamen, para informar sobre las medidas adoptadas.

Esto representa una opor­tunidad única para que el Estado mexicano aplique adecuadamente los estándares internaciones previstos tanto en el Pacto de ­Derechos Civiles y Políticos como de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, planteó la CNDH.

La trascendencia de esa resolución, en un asunto patrocinado por la organización civil Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, radica en que concluye que los hechos relacionados con el caso de Christian Téllez Padilla contienen todos los elementos propios de una desaparición forzada, lo cual representa una vulneración continuada a diversos derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, ratificados por México el 23 de marzo de 1981 y el 15 de marzo de 2002, respectivamente.

Progresividad de los derechos humanos

Enfatizó que, atendiendo al principio de progresividad de los derechos humanos, establecido en el artículo 1 de la Constitución, es necesario que México realice las acciones pertinentes para reconocer a la mayor brevedad la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para conocer de peticiones individuales, con el propósito de mejorar la protección a las garantías fundamentales de la población y atender la problemática estructural que se encuentra articulada a la desaparición de personas.

La CNDH públicamente ha reconocido que México enfrenta una de sus etapas más críticas y desafiantes en materia de derechos humanos, por lo que insistió en el deber del Estado mexicano para atender el tema de las desapariciones.