Ejidatarios de San Juan de los Cedros del municipio de Mazapil, Zacatecas, integrantes del Frente de Comunidades Afectadas por la Minería, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y de la Unión de Transportistas y Trabajadores de Mazapil, señalaron que solicitarán que se admita el caso de la minera El Peñasquito en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En conferencia de prensa, Felipe Pinedo, del Frente de Comunidades Afectadas por la Minería y de la CNPA, Rigoberto López Martínez, presidente ejidal de San Juan de los Cedros, J. Ascención Carrillo Vázquez, secretario general de la Unión de Transportistas y Trabajadores del referido municipio, y José García, comisionado del ejido, confiaron en que de esta forma se creará precedente a escala mundial.

Sostuvieron que en busca de esta posibilidad la semana pasada se reunieron con la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena.

Explicaron que el próximo 14 de agosto concluye la mesa de negociación establecida en la Secretaría de Gobernación, pero indicaron que los avances son mínimos.

Ante esto analizan acciones que podría emprender la comunidad. No hemos definido, pero no descaratmos a volver a tomar las instalaciones.

Pinedo dijo al respecto que a las comunidades se les ha ofrecido “un plan de agua, donde ya no hay agua, nos quieren poner una planta de osmosis inversa, cuando no tenemos de dónde sacar agua y en el tema de empleo nos ofrecen 10 lugares más, eso es una burla. Mientras Gobernación nada de a muertito, cuando debería ser garante de la ley”.

Tras recordar que la minera Peñasquito, operada por la empresa Newmont Goldcorp, estuvo cerrada por 79 días por el bloqueo que realizaron habitantes de la zona, sostuvo que todos los ofrecimientos de la trasnacional fueron engaños, entre ellos los empleos que se abrirían, a cambio ahora, dijeron tienen escasez de agua y daño ambiental.

Todos los que viven en Mazapil sienten un agravio enorme, muchas comunidades están a 150 metros de las voladuras de donde se desprende polvo contaminante. La minera tiene alrededor de seis mil 500 trabajadores, pero de la región sólo hay 300 personas.

La mina “tiene concesionados 49 millones de metros cúbicos de agua, mientras la comunidad cuenta con 263 mil metros cúbicos. Ellos agotaron un manatial que era de 12 litros por segundos, lo que ha generado efectos negativos en la ganadería, piscicultura y la recreación, así como el abasto del líquido.

Comentaron que por el bloqueo la empresa interpuso “demandas penales y civiles, se desistieron de las demandas penales, pero están las civiles. Dicen que por las pérdidas de 50 millones de dólares diarios por 79 días de toma”.

Destacaron la disparidad en la repartición de los beneficios. Los campesinos cedieron sus tierras por 50 centavos el metro cuadrado, y ellos al año reportan ganancias por mil 500 millones de dólares, y dejan para 442 ejidatarios tres millones dólares, que son 120 mil anuales por ejidatario, es decir 10 mil mensuales, dos mil 500 a la semana.