Por primera vez un ex secretario de Estado que formó parte del gobierno de Enrique Peña Nieto deberá comparecer ante un juez federal por su presunto involucramiento en la comisión de un delito. La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Rosario Robles Berlanga, ex titular de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por ejercicio indebido del servicio público, y fue citada para conocer los cargos ante un impartidor de justicia con sede en el Reclusorio Sur.

Según investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2013 y 2014, 11 dependencias otorgaron contratos irregulares por 7 mil 670 millones de pesos a 186 empresas, 128 de ellas consideradas fachada o inexistentes. Las transferencias de recursos se realizaron y presuntamente se organizaron en las secretarías encabezadas por Robles Berlanga.

El organismo auditor detectó que no se reportó el destino de 845 millones de pesos del programa Cruzada Nacional contra el Hambre y consideró que se firmaron o se falsificaron contratos de obras que se realizarían mediante diversas entidades académicas, entre ellas la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a la cual se aportaron 239.3 millones de pesos, cuyo destino y resultados nunca se explicaron.

En enero pasado, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que el Ministerio Público Federal (MPF) integró 23 expedientes sobre la probable participación de 64 funcionarios de Sedatu y Sedesol en el desvío de recursos.

Las investigaciones ministeriales han señalado que durante la gestión de Robles Berlanga, el entonces oficial mayor de Sedesol, Emilio Zebadúa –quien también fue citado este jueves en el Reclusorio Sur–, fue uno de los principales operadores de las transferencias y contratos irregulares.

Durante una conferencia de prensa realizada el 24 de enero, Gertz Manero y el entonces subprocurador de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, dieron a conocer avances sobre la indagatoria y se mencionó que para esa fecha ya se habían judicializado cuatro carpetas que involucraban a seis ex funcionarios de Sedatu, los cuales fueron vinculados a proceso, pero seguían en libertad porque las imputaciones no están sancionadas con prisión oficiosa.

A la fecha han comparecido ante la justicia federal mandos medios de la Sedesol, entre ellos Pedro de León Mojarro, ex coordinador de la Unidad de Delegaciones. En abril pasado declaró que quien manejaba los recursos de esos convenios y causó daño al erario por 124 millones de pesos, era el ex oficial mayor Emilio Zebadúa.

Ex colaborador cercano de Robles Berlanga, León Mojarro fue objeto de una denuncia por enriquecimiento ilícito de la Secretaría de la Función Pública en noviembre de 2018. La querella estuvo detenida por errores procesales que ya fueron subsanados, por lo cual Emilio Zebadúa también fue señalado como involucrado en los desvíos de recursos.

Esta semana se dio a conocer que ninguna autoridad judicial emitió orden de aprehensión contra Robles Berlanga, por lo cual el juzgado décimo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México negó la suspensión definitiva que solicitó la ex funcionaria ante la posibilidad de ser detenida y le devolvió los casi 70 mil pesos que la ex funcionaria entregó para que se mantuviera el beneficio jurídico.

Si en la diligencia de este jueves el MPF solicita al juez que decrete la vinculación a proceso, Robles Berlanga podrá enfrentar su juicio en libertad, ya que el delito que le imputan no amerita prisión preventiva.