En los primeros seis meses del año la Oficina de la Presidencia recibió mil 800 solicitudes de información –un aumento de 350 por ciento respecto del mismo periodo de 2018–, lo cual en buena medida es producto del interés que han generado diversos temas en las conferencias matutinas del jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.

Así lo afirmó el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña, quien destacó que las solicitudes de información se han incrementado de manera exponencial en el inicio del actual gobierno, lo mismo que las quejas ciudadanas por respuestas que les parecen insatisfactorias.

“En los primeros seis meses del año pasado hubo 400 solicitudes de acceso a la información, y en en el mismo periodo de este año la Oficina de la Presidencia recibió mil 800 solicitudes: 350 por ciento más.

El año pasado hubo tan sólo alrededor de 20 recursos (de inconformidad), pero en este periodo ha habido 330, lo cual quiere decir que debe haber procesos por mejorar”, indicó el funcionario.

Luego de participar en la presentación de un cuadernillo sobre acceso y uso de la información pública, Acuña estimó que el alza en el número de solicitudes de datos públicos obedece en buena medida al interés que provocan las conferencias matutinas (de López Obrador), que han generado que muchísima gente haga solicitudes adicionales a partir de lo que el Presidente dijo.

Por otro lado, el funcionario adelantó que en la segunda sesión extraordinaria del Sistema Nacional Anticorrupción –a realizarse este miércoles–, el Inai impulsará diversas propuestas respecto del formato de declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses, entre ellas que se protejan los datos de los menores de edad que sean declarados como titulares de bienes por parte de los servidores públicos.

De igual manera, propondrá que se haga explícito el sector de la industria o el comercio en donde un funcionario puede tener conflicto de intereses, y revelar totalmente el saldo de las cuentas bancarias de los servidores públicos –aun si ello puede ponerlos en riesgo–, pues ocultar dichos aspectos ha generado molestia y duda.