l miércoles por la noche, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila dispararon y causaron la muerte a un migrante hondureño en la colonia 5 de Mayo de la ciudad de Saltillo. En un comunicado, la Fiscalía afirmó que los policías de Investigación Criminal abrieron fuego contra el centroamericano después de que éste los agrediera verbalmente y efectuara disparos contra ellos durante un operativo en las inmediaciones de las vías del ferrocarril.
La versión oficial es rechazada de manera enérgica por Alberto Xicoténcatl Carrasco, director del albergue Casa del Migrante de la capital coahuilense.
En una carta enviada, entre otros, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al canciller Marcelo Ebrard Casaubón, el activista afirma que el hombre fue asesinado cuando corría de la mano de su hija de ocho años en el intento para ponerse a salvo del tiroteo que desataron los agentes durante la persecución de al menos 10 migrantes, quienes poco antes habían salido del refugio que dirige Carrasco con la intención de subirse al tren hacia Estados Unidos. Asimismo, en la misiva sostiene que los elementos de la FGE se encontraban acompañados por policías federales y agentes del Instituto Nacional de Migración, aunque coincide con el comunicado de la fiscalía en señalar a los policías locales como responsables de los disparos.
Este lamentable suceso se produce en el contexto del recrudecimiento del control migratorio que llevan a cabo las autoridades mexicanas, como parte de los acuerdos alcanzados con el gobierno de Donald Trump para evitar que el magnate concretara su amenaza de imponer pesados aranceles a los productos provenientes de nuestro país si la administración de López Obrador no frenaba el creciente flujo de migrantes de Centroamérica, el Caribe y África subsahariana, compuesto en su mayor parte por hondureños que huyen de la prolongada crisis económica y de inseguridad que azota a su nación.
Así, las últimas semanas han visto un aumento pronunciado en el número de efectivos de distintas instancias encargados de contener a quienes intentan alcanzar la frontera sur de Estados Unidos, en la cantidad de detenciones de individuos y familias en tránsito y, de manera previsible, pero no por ello menos deplorable, de los incidentes entre migrantes y autoridades. El hecho de que este último desencuentro se haya saldado con la muerte de una persona debe constituir un llamado de atención sobre la urgencia de implementar protocolos de actuación acordes con el pleno respeto a los derechos humanos de quienes se encuentran en territorio mexicano no por gusto, sino desplazados por la miseria y la violencia.
En lo inmediato, es obvio que las instancias de procuración de justicia están obligadas a efectuar una investigación imparcial y apegada a derecho con el fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, fincar cargos contra quien resulte culpable.
Más allá de esta ineludible tarea, es necesario garantizar la no repetición y hacer efectiva la palabra empeñada tanto por el mandatario nacional como por la encargada de la política interior, quienes han reiterado que, al margen de los esfuerzos por evitar su llegada a Estados Unidos, el gobierno actual tenderá, a quienes decidan quedarse en nuestro país, una mano mediante visados, permisos de trabajo y demostrará con hechos la voluntad de incluirlos de manera plena en la sociedad mexicana.
