Con el homicidio del periodista Rogelio Barragán, director del portal de noticias Guerrero al instante, ya suman 150 comunicadores asesinados de 2000 a la fecha y nueve en lo que va de 2019, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En tanto, el portal informativo exigió a la fiscalía del estado de Morelos la entrega del cuerpo del periodista asesinado, localizado el martes en la cajuela de un vehículo, en el municipio de Zacatepec.

Exigen justicia en el caso Rogelio Barragán

En redes sociales, el medio de comunicación que tiene su sede en la ciudad de Chilpancingo señaló que los familiares se encuentran desde hace dos días en la sede de la dependencia donde ya han comparecido, sin que les haya sido entregado el cuerpo. El portal exigió justicia y que el crimen de Rogelio Barragán no quede impune.

En la Ciudad de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó la ejecución de Barragán y demandó a las autoridades tanto de Guerrero como de Morelos aplicar medidas cautelares que permitan salvaguardar la vida y seguridad de los familiares del comunicador y de los colaboradores de portal que dirigía, así como brindarles la contención emocional que requieran. A la Fiscalía General de Justicia de Morelos le exigió realizar una investigación exhaustiva de los hechos, con especial énfasis en su posible vinculación con la labor periodística de la víctima.

La gran cantidad de reporteros asesinados en el país, enfatizó la CNDH, denota la violencia imparable contra la prensa en México.

El organismo señaló que ante la alta peligrosidad para el ejercicio periodístico en el país, se hace mucho más necesario el compromiso permanente de las autoridades de los tres niveles de gobierno en prevenir e investigar las agresiones contra comunicadores y abatir la impunidad, así como generar ambientes propicios para la libertad de expresión y de pleno respeto y tolerancia a las opiniones diversas.

Personal de la CNDH se trasladó a Morelos para realizar las diligencias correspondientes ante posibles hechos violatorios a las garantías fundamentales.