La trata de personas se ha convertido en la esclavitud del siglo XXI y uno de los delitos de mayor crecimiento a nivel mundial, únicamente detrás del tráfico de drogas y de armas, por ser un negocio muy lucrativo, coincidieron el subsecretario de Gobierno, Arturo Medina, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra.

En la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, señalaron que la comisión de dicho delito abarca diversas formas, como explotación sexual y laboral, adopciones ilegales, pornografía, mendicidad, trabajo doméstico y la utilización de menores para actividades delictivas.

También el matrimonio forzado, tráfico de órganos, tejidos o experimentación biomédica; registrándose en 2016 un total de 3 mil 549 casos, donde nueve de cada 10 víctimas fueron mujeres y niñas, por lo que se requiere impulsar acciones para su erradicación.

La procuradora general de Justicia, Ernestina Godoy, informó que en esta administración se iniciaron 154 carpetas de investigación, de las cuales 123 fueron por explotación sexual, 15 por explotación laboral y cinco por pornografía.

Mientras, 14 personas fueron vinculadas a proceso por explotación sexual y seis por explotación laboral; 25 personas fueron rescatadas y se incautaron ocho inmuebles que fueron propuestos para extinción de dominio, de los cuales tres han sido aprobados.

La pobreza, opresión, inestabilidad social, ignorancia y falta de oportunidades juegan un papel importante en este delito, por lo que se trabaja con organismos internacionales, con el gobierno federal y con instancias locales para prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar este delito, señaló.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez, alertó que 85 por ciento de los migrantes se consideran susceptibles de ser víctimas de trata y las redes sociales se han convertido en un medio para enganchar a niños y adolescentes en redes delincuenciales.

Antonino de Leo, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dijo que esta violación atroz a los derechos humanos no debe permitirse, por lo que se requiere sensibilizar a la población sobre este delito y apoyar a las víctimas para su resocialización.