fin de cuentas se aprobó en Tabasco la iniciativa del gobernador Adán Augusto López Hernández para endurecer las penas y ampliar el ámbito de aplicación respecto a protestas o acciones que a juicio de la autoridad pudieran significar formas de chantaje o extorsión mediante el bloqueo de vialidades o el entorpecimiento de la construcción de obras públicas o privadas. Sólo se negoció una modificación menor al articulado propuesto por el mandatario morenista, de tal manera que todo quedó listo para que la fuerza pública entre en acción contra quienes se opongan a obras como, por citar un ejemplo, la refinería de Dos Bocas.

La aprobación de esa reforma al código penal de Tabasco fue rechazada por la bancada del Partido Revolucionario Institucional, que se retiró del salón de sesiones. En la Ciudad de México, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, desmarcó al Presidente de la República de lo sucedido en su tierra natal (No, de ninguna manera, ahí no hay ninguna intervención del Ejecutivo federal) y deslizó algo que suena a una posibilidad de que en Bucareli se intenten acciones legales para echar abajo la llamada ley garrote, aunque, en realidad, el fraseo no se compromete específicamente a mayor cosa: es un asunto que vamos a revisar, la libertad de manifestación y expresión política no debe limitarse, está por encima de muchas de las normas que quieren establecerse en alguna legislación local y lo estamos revisando.

A juicio de este tecleador sin tropicalismos, constituye un serio retroceso lo que se ha aprobado en Tabasco. El gobierno estatal impulsó y consiguió acomodar la letra legal a sus necesidades e insuficiencias políticas: a diferencia de lo hecho por López Obrador como presidente, quien ha eludido por sistema el uso de la fuerza pública para disolver o enfrentar manifestaciones, por más rudas que estas fueran (recordar los casos de los profesores de la CNTE, incluso con largos bloqueos de vías ferroviarias, o las protestas de los policías federales insubordinados), el gobernador López Hernández se ha ido por la vía fácil de autorizarse, mediante la obediente bancada morenista local, mecanismos para encarcelar y procesar a cualquiera que, según las acusaciones a modo que se pueden hacer mediante agencias del Ministerio Público sometidas, se oponga a tareas de construcción como las petroleras y similares que se realizarán en esa entidad privilegiada.

El uso tramposo de las extorsiones como móvil de estas reformas penales a modo cae por su propio peso si se considera que esas coerciones y amenazas están tipificadas por sí mismas en las leyes y códigos vigentes. En realidad, lo que ha buscado el poderoso Adán Augusto es que el Congreso local, de mayoría morenista, le facilite el camino para apresar y sujetar a proceso penal a todo aquel que intente obstruir vialidades o impedir la construcción de obras específicas, más allá de las razones de esas protestas.

Es decir, se busca colocar al derecho al servicio de la discrecionalidad del gobernante, de su interpretación circunstancial: la protesta social es buena si la hacen los propios y pésima, susceptible de cárcel, si la hacen los ajenos. No es sólo una contradicción o un abuso sino un retroceso grave, que seguramente llegará a los tribunales federales para su valoración final.

Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena y aspirante aún formalmente inconfesa a presidir ese partido, dijo ayer que Tatiana Clouthier no es de Morena (lo cual es cierto y muy sabido) y que no conoce el movimiento al que apela ese partido como su forma original. Las palabras de Luján se produjeron en respuesta a lo dicho por la hija de Manuel J. Clouthier, quien había expresado que Bertha no estaría en las mejores condiciones para buscar la presidencia partidista, porque en esa familia hay mucho poder, pues una hija es secretaria del Trabajo y otra ocupa un cargo importante en la Secretaría de Protección Ciudadana.

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